La Defensoría del Pueblo presentó durante su rendición de cuentas en Riohacha un balance de lo alcanzado en La Guajira durante la vigencia 2025 en materia de protección y promoción de derechos humanos. El informe muestra un trabajo centrado en atender a víctimas del conflicto, comunidades étnicas y poblaciones en condición de vulnerabilidad en el departamento.

El número de personas atendidas directamente fue considerable. La Dirección de Atención y Trámite de Quejas recibió a 4.608 ciudadanos, mientras que las jornadas descentralizadas llamadas Buen Futuro Hoy llegaron a 7.583 personas en municipios como Uribia, Albania, Maicao, Fonseca, Dibulla y San Juan del Cesar, democratizando el acceso a estos servicios más allá de la capital departamental.

En educación sobre derechos, la entidad realizó 82 actividades de promoción y divulgación que impactaron a 1.112 personas, además de otras 57 actividades enfocadas específicamente en infancia y vejez, beneficiando a 1.667 ciudadanos. Paralelamente, efectuaron 82 jornadas de promoción que alcanzaron a 8.476 personas y 24 sesiones de sensibilización dirigidas a mujeres víctimas del conflicto armado, con participación de 1.903 asistentes.

En lo que respecta a víctimas y movilidad humana, la Defensoría registró 1.403 orientaciones, asesorías y acompañamientos a personas afectadas por el conflicto armado. Además tramitaron 606 declaraciones y 292 procesos judicales y administrativos para estas poblaciones. También brindaron atención a 983 personas en situación de desplazamiento o migración, y realizaron 360 actividades de divulgación sobre derechos de estas poblaciones en seis municipios del departamento.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes recibieron particular atención con 510 asesorías y orientaciones específicas. La entidad reportó acompañamiento a 600 familias de estos grupos que fueron desplazadas por la violencia, reconociendo su vulnerabilidad histórica y actual.

Como medidas de prevención, la Defensoría emitió las Alertas Tempranas 010 y 020 para advertir sobre riesgos en municipios del departamento. Además, desarrolló 10 brigadas jurídicas que permitieron atender a más de 220 personas privadas de la libertad en Riohacha y otras localidades de La Guajira, garantizando que este sector también accediera a asesoría legal.