Mingueo, Palomino, Barrancas y San Juan tienen algo en común en estos días: oscuridad. No es casual ni es culpa del azar. La falta de electricidad en esos pueblos de la costa Caribe es el resultado predecible de décadas de regulación fallida que permitió que los operadores de red cobraran infraestructuras viejas como si fueran nuevas. Transformadores con más de 20 años y líneas completamente deterioradas fueron facturados al público como activos modernos. La Comisión de Regulación de Energía y Gas autorizó todo eso. Hoy, cuando el Gobierno actual intenta actualizar esas reglas, descubre una verdad incómoda: toda la infraestructura eléctrica de la región es obsoleta.

Air-e S.A.S. E.S.P., la empresa responsable de operar la red en los tres departamentos, está en quiebra. Una quiebra que no solo paraliza las inversiones necesarias, sino que deja a oscuras a millones de personas diariamente. La Contraloría General acaba de lanzar una advertencia que debería alarmar a alcaldes y ciudadanos: los pasivos de Air-e crecieron 53,6 por ciento en poco tiempo. El 86 por ciento de sus deudas son obligaciones de corto plazo, lo que genera "un riesgo inminente de cese de pagos con proveedores clave". La deuda acumulada supera los 6 billones de pesos, y tres de cada cuatro pesos adeudados tienen más de un año sin pagar. Lo peor: estas deudas se concentran en los estratos más pobres, que es donde vive la mayoría de La Guajira.

La empresa está tan ahogada financieramente que casi todo lo que recauda se destina a comprar energía en bolsa y cumplir contratos a largo plazo. No queda nada para invertir en redes, subestaciones ni transformadores. Es decir, no hay dinero para arreglar lo que está dañado ni para mejorar lo que está viejo.

Pero hay algo más oscuro en esta historia. Mientras Air-e se desangra, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) parece ver la crisis como una oportunidad política. No es coincidencia que Acolgen haya pedido a la Corte Constitucional tumbar el Decreto de Emergencia Económica del Gobierno ante la crisis climática. El Presidente los ha calificado de "cínicos" y les ha dicho que "les importa un bledo la situación de los colombianos". Lo que hay de fondo es claro: si los generadores limitan el suministro o amenazan con suspenderlo, el caos caerá sobre el Ejecutivo, y ellos podrán aprovechar políticamente mientras la costa Caribe sufre. Algunos incluso prometen resucitar marcos tarifarios antiguos que garantizaban ganancias sin necesidad de prestar buen servicio, aumentando el costo del kilovatio de los actuales 752 pesos a más de 2.000.

Lo que duele es que ni el Ministerio de Minas ni la Superintendencia de Servicios Públicos han logrado denunciar presuntos robos dentro de Air-e o invertir los millones que necesita la infraestructura. La Fiscalía investiga un presunto "hurto de mayor cuantía" que incluye balances alterados y contratos con empresas fantasma. La Procuraduría abrió investigación contra el ministro de Minas, Edwin Palma, por presuntas irregularidades cuando actuó como interventor de la empresa. La Superintendencia solo recibe reportes sin imponer sanciones reales ni diseñar un plan de choque estructural.

Mientras tanto, la caja de Pandora normativa sigue abierta. El Gobierno intenta cerrarla, pero descubre que toda la infraestructura está destruida y la empresa está quebrada. La solución es tan complicada normativamente que aparentemente han considerado dejar que los antiguos dueños de Air-e recuperen la empresa si llega un Gobierno de derecha. Y en el medio de todo esto, Acolgen afila sus garras, esperando el momento justo para desatar más caos y echarle la culpa al Ejecutivo.

Los usuarios de Mingueo, Palomino y San Juan no tienen culpa de nada. Pero parece más rentable políticamente jugar con sus vidas que resolver de verdad. La pregunta que quedará en el aire es cuánto más tendrán que soportar los guajiros este juego de desestabilización política mientras esperan que les llegue la luz.