Durante años, la regulación eléctrica permitió que los operadores de red cobraran infraestructura vieja como si fuera nueva. Transformadores con más de 20 años de antigüedad, líneas deterioradas y subestaciones en mal estado se facturaban como activos modernos. Esta práctica, que premiaba la ineficiencia, generó la bomba de tiempo que hoy explota en La Guajira. La falta de luz en pueblos como Mingueo, Palomino, Barrancas y San Juan no es casualidad, sino consecuencia directa de décadas de esta regulación que castigó a los usuarios mientras enriquecía a operadores que no invertían en lo debido.

Air-e, la empresa responsable de la distribución eléctrica en tres departamentos, está en quiebra. La Contraloría General acaba de emitir una advertencia seria: los pasivos de la empresa crecieron 53,6 por ciento en poco tiempo, y el 86 por ciento de sus deudas vence a corto plazo. Esto representa "un riesgo inminente de cese de pagos con proveedores clave". Con deuda acumulada superior a 6 billones de pesos y el 73 por ciento de esas obligaciones con más de un año de antigüedad, la empresa está tan ahogada que casi todos sus ingresos van a pagar la energía que compra en bolsa. No queda nada para invertir en redes, subestaciones o transformadores. Lo más duro: los pobres de La Guajira cargan con el peso de esta crisis, pues los estratos bajos concentran la mayoría de deuda morosa.

Aquí es donde entra el juego político que preocupa a muchos. Mientras Air-e se desangra, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) ha visto en esta crisis una oportunidad política. El presidente Petro ha sido claro en sus críticas, acusándolos de ser "cínicos" y de no importarles "la situación de los colombianos". Lo que está en juego es evidente: si los generadores limitan el suministro o amenazan suspender el servicio, el caos recae sobre el gobierno mientras ellos avanzan su agenda política y económica. Incluso se rumorea sobre la posibilidad de que los antiguos dueños de Air-e intenten recuperar la empresa bajo un eventual gobierno de derecha.

Las investigaciones por corrupción añaden otra capa de complejidad. La Fiscalía investiga presunto hurto de mayor cuantía dentro de Air-e, con acusaciones de balances alterados y contratos con empresas fantasma. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Minas, Edwin Palma, por irregularidades durante su gestión como agente interventor de la empresa. Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ha limitado a recibir reportes sin tomar medidas más drásticas.

Lo que nadie discute es que los guajiros están pagando el precio. Mientras el gobierno intenta actualizar la regulación para que la infraestructura sea tratada con realismo, y mientras políticos y empresarios juegan sus juegos, hay gente en pueblos pequeños que viven sin luz. El kilovatio se factura a 752 pesos en La Guajira, pero si los intereses políticos logran sus objetivos, podrían llevarlo a más de 2.000 pesos, además de permitir el regreso de prácticas que historicamente han sido abusivas. El dilema es cruel: aceptar la crisis actual o arriesgarse a un futuro donde pagar la luz sea prácticamente imposible para la mayoría.