En la Costa Caribe existe una injusticia que pocos nombran. Mientras que en Bogotá o en ciudades del interior las familias abren sus facturas de energía sin mayor sobresalto, acá millones de hogares reciben cuentas que simplemente no pueden pagar. Nos referimos a facturas que superan los tres millones de pesos para trabajadores informales, adultos mayores y familias humildes que apenas logran sobrevivir en una economía ya golpeada. Y todo esto sucede precisamente en una de las regiones más pobres de Colombia.

Cuando en el país se habla de la crisis energética de la Costa, se trata como un asunto técnico. Se mencionan cifras, regulaciones y debates entre expertos. Pero la realidad es mucho más cruda: detrás de cada tarifa inalcanzable hay una madre que apaga el ventilador en pleno calor para ahorrar unos pesos. Hay mujeres cabeza de hogar que deben decidir si pagan la luz o compran comida para sus hijos. Hay pequeños negocios y tiendas que cierran porque el recibo de energía llega más caro que las ganancias del mes completo. Eso no es normal ni tampoco es justo.

La Costa Caribe ya representa cerca del 27% de toda la demanda eléctrica nacional y se proyecta que crecerá por encima del 30% en los próximos años. Sin embargo, el sistema la sigue tratando como si vivir en Barranquilla, Valledupar o Riohacha fuera lo mismo que vivir en una ciudad fría del interior. No lo es. Aquí existe una realidad climática que el Estado ignoró durante décadas. En la Costa, tener un ventilador no es un capricho, ni una nevera es un lujo: son necesidades básicas para sobrevivir el calor. En muchos hogares, incluso un aire acondicionado sencillo pasó de ser una comodidad a convertirse en un requisito para vivir dignamente. Por eso el consumo promedio de energía en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira ronda los 249 kilovatios hora, muy superior al de otras regiones.

A pesar de esta realidad, el Gobierno subsidia apenas 173 kilovatios hora. El resultado es que miles de familias pobres consumen más de ese límite no porque desperdicien energía, sino porque el clima las obliga. El consumo excedente se cobra a tarifa completa y entonces las facturas se disparan. Es así como el sistema termina castigando a la gente por simplemente vivir en una región caliente. Mientras tanto, las tarifas siguen por las nubes. En operadores como Air-e y Afinia se registran valores cercanos a 794 y hasta 960 pesos por kilovatio hora. Una cifra absurda considerando que la Costa además sufre apagones constantes, daños en electrodomésticos y fallas continuas del servicio. No solo paga la energía más cara del país sino que además recibe uno de los peores servicios.

Por eso la propuesta es contundente y urgente: aumentar el consumo básico subsidiado de 173 a 250 kilovatios hora para la Costa Caribe. No se trata de regalar nada. Es reconocer una realidad climática que el sistema decidió ignorar durante años. Con esta medida, manteniendo el subsidio del 60%, la factura de energía de un hogar en estrato 1 podría reducirse hasta un 50%. Eso significaría alivio inmediato para millones de familias, oxígeno para el pequeño comerciante, para el tendero, para la madre cabeza de hogar y para el trabajador que hoy siente que laborar ya no alcanza ni para pagar los servicios básicos.

Pero el problema de fondo va mucho más allá de bajar tarifas. La Costa necesita una verdadera transformación energética. Requiere modernizar las redes, reducir pérdidas técnicas y resolver el problema histórico de barrios informales y conexiones precarias que durante décadas los gobiernos permitieron crecer sin solución. También hace falta un programa masivo de eficiencia energética que reemplace neveras viejas y equipos ineficientes que consumen más energía y encarecen las facturas. Y es necesario llevar paneles solares y comunidades energéticas a hogares vulnerables, no quedarse en discursos que nunca llegan a la gente.

Mientras el Gobierno habla de transición energética, las familias de la Costa siguen sudando calor y recibiendo facturas imposibles de pagar. La energía no puede seguir siendo un privilegio de quienes viven en regiones frías. Colombia no puede condenar a toda una región a escoger entre soportar el calor insoportable o garantizar el alimento en la mesa.