En los departamentos de la Costa Caribe colombiana, la falta de energía se ha convertido en una constante tan rutinaria como el amanecer. Desde La Guajira hasta Atlántico, millones de personas despiertan cada día preguntándose a qué hora faltará la luz. No son apagones ocasionales: son interrupciones que se repiten varias veces en la jornada, fluctuaciones de voltaje que queman electrodomésticos y una preocupación permanente que ha dejado de ser solo un inconveniente para transformarse en una amenaza real a la calidad de vida y al desarrollo económico.

La raíz del problema es antigua y profunda. Durante décadas, la infraestructura eléctrica de estos departamentos quedó congelada en el tiempo. Los circuitos, transformadores y redes fueron diseñados hace años para una demanda mucho menor a la que existe hoy. Mientras las ciudades crecieron aceleradamente, mientras surgieron nuevos barrios y se expandió el comercio, la capacidad del sistema eléctrico se quedó prácticamente igual. Es como intentar meter un río por un tubo diseñado para un arroyo: la ruptura es inevitable.

En La Guajira y Cesar, la geografía agrega complejidad. Las comunidades dispersas requieren redes extensas y vulnerables a fallas causadas por vientos fuertes, tormentas y altas temperaturas. Pero la paradoja más cruel es que La Guajira posee uno de los mayores potenciales de generación eólica y solar del país, mientras que muchas poblaciones guajiras padecen interrupciones constantes. Es contradictorio que un departamento proyectado como epicentro de energías renovables para Colombia siga sumido en la penumbra.

El calor característico de la región agrava la situación. Cuando llegan las olas de calor, el consumo de energía se dispara por el masivo uso de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración. Esa sobrecarga termina quemando transformadores y dañando líneas de distribución. A esto se suma el robo de energía mediante conexiones ilegales que sigue impactando fuertemente el sistema. Redes ya sobrecargadas cargan con demanda adicional no registrada que las deteriora aún más. El no pago histórico en algunos sectores ha reducido la capacidad de inversión de las empresas operadoras, creando un círculo vicioso imposible de romper.

Los comerciantes pequeños cargan la cruz más pesada. Tiendas, restaurantes, talleres y salones de belleza dependen completamente de la energía para existir. Cada apagón es una pérdida que nadie compensa. Los hospitales y colegios también sufren, poniendo en riesgo servicios esenciales. La competitividad empresarial se desmorona cuando las industrias no pueden operar con estabilidad, y el turismo se ve afectado cuando hoteles y restaurantes no pueden garantizar un servicio continuo.

Aunque la salida de Electricaribe generó esperanzas de cambio definitivo, los apagones y fluctuaciones continúan siendo frecuentes. En Atlántico y Magdalena, las bajadas de energía se presentan incluso varias veces al día. El mantenimiento preventivo sigue siendo insuficiente: transformadores recalentados, postes deteriorados y redes obsoletas esperan años por reemplazo. Las podas insuficientes de árboles cercanos a las líneas también generan cortocircuitos frecuentes.

Resolver esta crisis exige inversiones multimillonarias en modernización de redes, ampliación de subestaciones e implementación de tecnologías inteligentes. Pero también requiere algo más difícil: voluntad política real de Gobierno Nacional, gobiernos departamentales, alcaldías y empresas operadoras actuando articulados. Se necesita fortalecer la cultura ciudadana sobre uso responsable de la energía, combatir agresivamente las conexiones ilegales y recuperar la disciplina en el pago del servicio. La Costa Caribe no puede seguir viviendo entre apagones. Merece un servicio eléctrico digno que impulse el desarrollo de toda la región.