El congresista Pedro José Suárez Vacca está en la mira de la justicia, pero no por sus votos en el Congreso sino por lo que hizo años atrás en un despacho judicial de Tunja. Entre 2008 y 2009, cuando ejercía como juez quinto de ejecución de penas, la Corte Suprema le investiga por prevaricato agravado. La acusación es seria: habría recibido dinero para favorecer a un preso.

El centro de todo es Lelio Nevardo Ávila Santana, condenado por tráfico de estupefacientes y secuestro. Según la Corte, este hombre no debería haber accedido a detención domiciliaria porque la ley lo prohíbe para delitos tan graves. Sin embargo, Suárez Vacca le otorgó ese beneficio mediante dos decisiones judiciales. El caso permaneció en silencio durante años hasta que en 2023 la Corte abrió investigación formal. Ahora, desde marzo de 2025, se desarrollan las audiencias públicas donde la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila lidera el juzgamiento. Tanto la Procuraduría como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ya han solicitado que lo condenen.

La acusación sostiene que todo respondía a un "ánimo corrupto". Según la Corte, Ávila Santana le habría pagado 35 millones de pesos al entonces juez. El caso se construye sobre una carta manuscrita atribuida a Suárez Vacca con la frase "no dar papaya", un análisis de la letra que sugiere su autoría, y especialmente en el testimonio de John Carlos Mancipe Puerto. Este último afirma haber entregado dinero en efectivo al juez en varios episodios: primero un sobre en 2009, luego otro que recogió en Bogotá, y finalmente dos fajos de billetes de 50 mil pesos. La defensa, en cambio, rechaza todo. Niega que haya habido pagos, cuestiona la validez de la carta y señala inconsistencias en los testigos. Argumenta que las decisiones del juez fueron interpretaciones jurídicas válidas, no sobornos.

Lo que complica más la situación de Vacca es su historial. Como juez otorgó libertad condicional a Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los antiguos jefes del Cartel de Cali que estaban presos en Cómbita. Aunque ese caso terminó a su favor en la Corte, generó revuelo nacional e internacional en su momento.

En su defensa ante la Corte, Suárez Vacca explicó que en enero de 2008 solo tenía constancia del delito de narcotráfico contra Ávila Santana, no del de secuestro. Dijo que alguien le pasó un "documento falso que reportaba una supuesta absolución por secuestro" que indujo su error. Agregó que al notarlo revocó la medida en marzo de ese año. Respecto a la decisión de septiembre de 2009, cuando ya sabía de la condena por secuestro, argumentó que priorizó los derechos de los menores porque el condenado era padre cabeza de familia. Afirmó que aplicó jurisprudencia válida de la Corte Suprema y que su despacho manejaba cerca de 2.000 procesos con 110 decisiones semanales, lo que lo llevaba a delegar verificaciones administrativas.

Sobre la carta manuscrita, confirmó que la envió pero aseguró que fue para un propósito institucional: buscar un contacto con el Consejo Superior de la Judicatura a través del padre de Ávila Santana para exponer inconformidades contra investigaciones que consideraba injustificadas. Negó categóricamente haber recibido dinero: "Jamás, jamás recibí dineros de ninguna persona ni fueron enviados dineros con este señor John Carlos", declaró ante la Corte.

La defensa también señala un detalle importante: Mancipe, en 2011 bajo juramento ante la Fiscalía, negó categóricamente haber entregado o recibido dineros ilegales del juez. Solo doce años después, ante la Corte Suprema, cambió su versión hablando de tres pagos. Para Suárez Vacca, esto mina la credibilidad de la acusación. La defensa además sostiene que Mancipe podría guardar rencor porque Suárez Vacca nunca lo nombró en un cargo formal en el juzgado a pesar de sus dificultades económicas. Incluso sugieren que Mancipe pudo haber recibido dinero del entorno de Fernando Londoño Hoyos para declarar en su contra, relacionando esto con una vieja disputa que en 2012 terminó con la destitución del exministro.

La Corte Suprema tendrá que fallar este caso. Mientras tanto, el pulso judicial se mantiene tenso, con acusadores pidiendo condena y una defensa que apunta a un montaje político sustentado en testigos que considera desacreditados.