La Corte Suprema de Justicia dio un paso decisivo al abrir una investigación formal contra el senador Alirio Barrera, miembro del Centro Democrático, por presunto acto sexual violento. La denuncia que ahora llega a los despachos del alto tribunal permanecía guardada desde hace casi diez años, guardada bajo silencio por el miedo que generaba el poder político del entonces gobernador de Casanare.

Los hechos que ahora se investigan ocurrieron en 2016 en Yopal. Una joven funcionaria, menor de veinte años en ese entonces, fue llamada al despacho de Barrera para gestionar apoyo para un evento de juventudes cristianas. Según su relato, al entrar le retiraron el celular por razones de seguridad, un detalle que años después ella interpretaría como un obstáculo para documentar lo que pasaría después. En cuestión de segundos, dice, el encuentro oficial se convirtió en agresión. "Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó", explicó en entrevista con el medio Cambio.

Después del presunto ataque, la mujer confrontó a Barrera preguntándole por su familia y las razones de su conducta. La respuesta fue el silencio, seguido de la entrega de 400.000 pesos destinados a las ayudas de la iglesia que ella había solicitado. Salió de allí "pálida y temblando", como ella misma relató, y guardó el secreto durante casi una década. Solo cuando la víctima notó que Barrera continuaba escalando en poder político, primero como senador y luego reelecto, encontró la fuerza para hablar. "En diez años lo que ha hecho es escalar, a senador y otra vez senador. Yo no podía seguir callada", manifestó.

La investigación está a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda, y la Corte se encuentra en la etapa inicial del proceso. En los próximos días se programará una audiencia donde Barrera deberá rendir su versión de los hechos. Desde su equipo de trabajo, el senador rechaza categóricamente las acusaciones y argumenta que se trata de una maniobra política. Sus colaboradores sostienen que es "una estrategia política destinada a perjudicar el nombre y la honra" del congresista, y sugieren que detrás de la denuncia hay motivaciones ligadas a actores vinculados actualmente a la Gobernación de Casanare.