En la Corte Suprema sigue el pulso por definir el futuro de seis congresistas acusados de saquear recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Sala de Instrucción ya ha celebrado tres sesiones extraordinarias para decidir si los llama a juicio y ordena su captura, pero hasta ahora el alto tribunal no logra cerrar un acuerdo. Detrás de puertas cerradas, los magistrados mantienen posiciones encontradas sobre si estos políticos deben terminar en la cárcel mientras responden por cohecho impropio.

La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que circula desde hace días, propone lo más duro: acusar formalmente a Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, y ordenar su prisión preventiva. El documento sostiene que hay suficientes elementos para demostrar que estos congresistas participaron en el entramado de corrupción que desvió millones destinados a atender emergencias en el país.

Sin embargo, la discordia es evidente. Algunos magistrados están de acuerdo con ir a juicio, pero se niegan a aprobar la detención, considerando que "los procesados no representan un riesgo para el proceso judicial ni para la sociedad". Otros, como la magistrada Cristina Lombana, van más lejos: cuestionan si el procedimiento que ha seguido el expediente es válido y si el proceso está viciado desde antes.

Las filtraciones de la ponencia también han generado malestar en la corporación. Además, pesa una decisión anterior: en octubre pasado la Sala ya había rechazado meter a la cárcel a estos parlamentarios. Ahora los magistrados deben evaluar si realmente hay nuevas pruebas o circunstancias que justifiquen cambiar de opinión.

Lo más probable, según las versiones que circulan en pasillos de la Corte, es que se apruebe el juicio pero se deje a los acusados en libertad mientras enfrentan el proceso. Una salida intermedia que calmaría a algunos sectores pero generaría críticas de quienes piden máxima severidad.

Lo electoral también entra en juego. Manzur y Manrique aspiran a seguir en el Congreso en las elecciones del 8 de marzo, así que una acusación formal podría complicar sus campañas. Este jueves la Sala vuelve a reunirse para definir si respalda la ponencia de Rodríguez o introduce cambios que alteren el rumbo de uno de los mayores escándalos recientes de corrupción con dineros públicos destinados a emergencias.