La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión contundente en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): enviar a prisión a los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique. La decisión reposa en una ponencia de más de mil páginas elaborada por el magistrado Misael Rodríguez, en la que el alto tribunal sustenta que existe una red de "negociación criminal" entre funcionarios del Ejecutivo y miembros del Legislativo. Según la Sala de Instrucción, en esta red se habrían intercambiado contratos y recursos públicos a cambio de apoyo político a decisiones del Gobierno.

El tribunal fue claro en sus argumentos. Afirmó que "Los sindicados Manzur Imbett y Manrique Olarte tienen una alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas de las que, al parecer, han sido parte y en algunos casos han liderado, incluso cuando no se encuentren ejerciendo formalmente sus cargos como representantes a la Cámara. Ello obedece a que, como se mostrará en el apartado siguiente, conservan sus redes de poder y su posición de influencia, determinante en casos de corrupción institucional en las altas esferas del poder público". Para la Corte, la conducta investigada no fue un episodio aislado, sino parte de una práctica institucional consolidada de lo que denominó "mercantilización de la función pública".

El levantamiento de pruebas fue determinante. Durante un allanamiento realizado el 10 de diciembre de 2024 a la residencia de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, asesora del Ministerio de Hacienda, las autoridades encontraron un manuscrito que detallaba la presunta distribución de 650 mil millones de pesos entre miembros de las comisiones económicas del Congreso. Ese dinero se dividió en cuatro bloques: 150 mil millones para la Comisión Tercera de la Cámara, 200 mil millones para la Comisión Tercera del Senado, 150 mil millones para la Comisión Cuarta de la Cámara y otros 150 mil millones para la Comisión Cuarta del Senado. El manuscrito incluía además una lista de seis nombres sin montos asignados. La Corte consideró que estas anotaciones no formaban parte de un seguimiento presupuestal técnico, sino de una dinámica de "compra de votos y decisiones".

En cuanto a Manzur específicamente, la Corte encontró indicios de obstrucción a la justicia. Según el expediente, el representante se reunió con María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda que hoy es testigo clave de la Fiscalía, en el centro comercial Santa Ana de Bogotá entre mayo y junio de 2024. Durante ese encuentro, Manzur le manifestó sobre el caso de la UNGRD: "Ahí no hay nada... Los contratos nunca se dieron. Lo que yo estaba gestionando nunca pasó". La Sala consideró que este acercamiento evidenciaba un riesgo real de interferencia en la actividad probatoria. Para Karen Manrique, aunque no encontraron intentos de obstrucción, sí concluyeron que actuó como articuladora entre funcionarios del Ejecutivo, operadores de la UNGRD y actores regionales para canalizar proyectos y contratos a su favor.

Respecto a la medida de aseguramiento, el tribunal descartó la detención domiciliaria. Los magistrados argumentaron que medidas menos restrictivas "no neutralizan los riesgos de reiteración delictiva ni la posibilidad de obstrucción al proceso". Advirtieron que la capacidad de influencia política de ambos congresistas podría mantenerse incluso desde sus residencias mediante comunicaciones y coordinación a distancia. Por eso consideraron necesario un apartamiento efectivo de su entorno de poder. Además, la Corte solicitó la suspensión inmediata de los cargos de ambos representantes mientras continúa la investigación. Otros parlamentarios como Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz permanecen bajo investigación pero en libertad.

Desde la sociedad civil hay críticas. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, cuestionó la tardanza de la Corte en ordenar las capturas, considerando que contaban con pruebas desde hace más de un año. Lamentó que la medida judicial llegara después de las elecciones, permitiendo que los implicados participaran electoralmente y obtuvieran respaldo de los votantes. Bustos consideró además que la acción debería haberse extendido a más congresistas involucrados, y señaló que la Red de Veedurías continúa vigilando el proceso ante el Consejo de Estado para exigir pérdida de investidura por tráfico de influencias.