En la Corte Constitucional corren contrarreloj. El magistrado Carlos Camargo tiene hasta el 11 de marzo para entregar a la Sala Plena el proyecto de fallo que defina si el Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, se ajusta o no a la Constitución. Pero hay un problema: hace poco manifestó un impedimento para conocer del asunto.

El lío comenzó el 13 de febrero cuando Camargo escribió que se declaraba impedido. La razón es que Dejusticia, la organización que demandó suspender la emergencia, también lo demandó en octubre de 2025 como candidato para ser togado de la Corte. Por eso, consideró que no podía tramitar la nulidad que esa misma entidad presentó contra el auto que frenó el decreto. Hasta ahora la Sala Plena no ha discutido este impedimento y ni siquiera tiene programado hacerlo esta semana.

El tiempo juega en contra. Sin que se haya resuelto el impedimento, los términos corren sin pausa. Eso significa que Camargo prácticamente no tiene días para terminar la ponencia. Sin embargo, en los pasillos del alto tribunal los ánimos podrían haber cambiado. Aunque inicialmente la Corte parecía inclinada a tumbar del todo la emergencia, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría ofrecieron un punto intermedio: declarar inconstitucional la medida, pero preservar sus efectos en la financiación de la salud.

El procurador Gregorio Eljach presentó un concepto de cuarenta páginas donde advierte que, aunque la emergencia es inexequible, es urgente que el Estado siga girando recursos para la unidad de pago por capitación (UPC), el monto que el Estado paga a las EPS por cada persona afiliada. La crisis en el sistema de salud es real: las EPS reportan un déficit presupuestal de casi seis billones de pesos porque sus costos superan los ingresos. "Tan solo lo relacionado con la prestación del servicio de salud agravada por la crisis fiscal supera los presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia", escribió Eljach.

El Gobierno enfrenta otro obstáculo importante. El decreto de suspensión que expidió la Corte el 29 de enero rompió su propia jurisprudencia. Desde 1994, la Corte había sentenciado que era improcedente frenar decretos legislativos como los de emergencia económica. Por eso, la Presidencia demandó nulidad de esa suspensión, argumentando que la Corte perdió autoridad al cambiar un precedente de más de treinta años.

El historial de Petro ante la Corte no ayuda. En octubre de 2023 le tumbaron la emergencia en La Guajira porque pretendía resolver problemas estructurales con una herramienta excepcional. En abril de 2025 declararon parcialmente inconstitucional la conmoción interior en Norte de Santander y Cesar. Ahora tiene hasta el 16 de abril para que la Corte se pronuncie de forma definitiva sobre esta emergencia económica.