El debate sobre uno de los derechos más básicos y vulnerados en Colombia llegó a Barichara el 17 de abril. Los Diálogos Constitucionales convocaron a expertos, magistrados y autoridades para hablar de frente sobre el acceso al agua potable, un tema que en La Guajira va mucho más allá de los párrafos en los documentos legales.

Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, fue directa en su mensaje: el derecho al agua es autónomo y esencial para la dignidad humana, pero eso no significa nada si en territorios como La Guajira las comunidades siguen sin poder beber agua segura. La magistrada no se anduvo con rodeos respecto a la realidad que enfrenta el pueblo Wayuu y otras comunidades de la región, donde la escasez sigue siendo una pesadilla diaria.

En el mismo espacio participó Pedro Arrojo Agudo, relator de la ONU sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Su mensaje fue contundente: los Estados no pueden quedarse solo en escribir leyes bonitas. Según explicó, traducir este derecho en acceso real requiere normas claras, recursos para invertir en infraestructura y un seguimiento que no se duerma en el camino. Esto es especialmente urgente en regiones donde los problemas ambientales, económicos y sociales hacen que el agua sea aún más escurridiza.

Los panelistas subrayaron algo importante: aunque internacionalmente el derecho al agua ha avanzado, la forma de garantizarlo cambia según cada territorio. En La Guajira eso significa entender la cultura de las comunidades, los ciclos de sequía, la presión sobre las fuentes hídricas y cómo la minería y el cambio climático complican todo aún más. Los expertos coincidieron en que jueces, universidades e instituciones públicas necesitan trabajar juntas, no cada una por su lado.

La realidad sobre el terreno es desgarradora. Casi la mitad de los hogares guajiros no tiene acceso a agua potable, y en las zonas rurales la cifra sube al 76 por ciento. Miles de familias se ven obligadas a consumir agua de fuentes que no son seguras, lo que ha generado desnutrición, enfermedades y muertes de niños en los últimos años. La sequía, la infraestructura débil y actividades como la minería han convertido el acceso al agua en una deuda histórica que la región sigue pagando con creces.

El llamado que salió de estos diálogos fue claro: se necesitan políticas públicas que integren el acceso al agua con la protección del ambiente y el bienestar de las comunidades. También que se fortalezca la gobernanza local, se mejore la infraestructura y se haga un seguimiento real de cómo está llegando el agua a las casas. Porque en La Guajira, tener derecho al agua en un papel no alimenta ni hidrata a nadie.