Las calles de Medellín y Bello cada vez miran con más preocupación hacia sus laderas. Mientras las autoridades emiten órdenes de suspensión para frenar construcciones ilegales, los obreros siguen metiendo pala como si nada hubiera pasado. El problema persiste en el Valle de Aburrá a pesar de los controles que se supone deben detener este flagelo que amenaza con transformar el territorio sin ningún respeto por la legalidad ni el ambiente.

En Medellín específicamente, la situación es casi kafkiana. Las autoridades detectaron que tres obras ubicadas en Manrique Jardín continuaban avanzando incluso después de haber sido suspendidas por carecer de licencias de construcción. Estas edificaciones no solo incumplen la orden de paralización, sino que siguen dañando corredores ambientales y zonas verdes que deberían estar protegidas por ley.

Pero si creías que esto solo ocurría en la capital antioqueña, te equivocas. En Bello la alarma es igual de fuerte. Según denunció la Secretaría de Seguridad, hay personas sin escrúpulos que están lotizando y vendiendo terrenos a precios de entre 10 y 30 millones de pesos. El problema es que estos lotes se comercializan sin ningún permiso urbanístico ni papeles que garanticen a los compradores que la compra es legal. Después vienen los problemas: los nuevos propietarios construyen a ciegas, sin supervisión y sin protección legal alguna.

El patrón es claro: tanto Medellín como Bello cargan con el peso de ser los municipios más golpeados del Valle de Aburrá por este fenómeno. Ambos tienen amplias zonas de ladera donde proliferan asentamientos y construcciones ilegales, terreno fértil para que proliferen tanto las obras clandestinas como los negocios fraudulentos de loteo. Mientras esto sigue sucediendo, las autoridades siguen emitiendo papeles que nadie parece dispuesto a respetar.