La idea de una Asamblea Nacional Constituyente no se ha ido. Sigue rondando como un fantasma en las discusiones políticas colombianas, especialmente desde que el gobierno del Presidente Gustavo Petro la planteó como solución a lo que denomina "bloqueo institucional" en el Congreso y las altas cortes. Pero eso que el ejecutivo llama bloqueo, según explicó el constitucionalista Mauricio Gaona, es simplemente "el ejercicio de la oposición y de la separación de poderes", ese sistema de frenos y contrapesos que existe precisamente para evitar la concentración del poder.

La convocatoria a una Constituyente ha sido desde el principio la bandera del Pacto Histórico. El candidato presidencial Iván Cepeda la ha mantenido viva, aunque ahora la condiciona al Acuerdo Nacional. Este mismo Acuerdo fue la estrategia con la que Petro ganó hace cuatro años, atrayendo a su campaña a liberales, conservadores, verdes y otros partidos del centro político, lo que le permitió derrotar a Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Sin embargo, apenas seis meses después de asumir la presidencia, Petro sacó del gabinete a tres ministros que habían llegado a través de ese "Acuerdo nacional" precisamente porque se opusieron al frustrado proyecto de ley radicado por la Ministra Carolina Corcho.

Ahora, tras el revés de Cepeda en la primera vuelta electoral, sus promotores dijeron estar dispuestos a desistir de la Constituyente, pero el propio Petro aclaró que lo que hicieron fue suspender la recolección de firmas. La puerta quedó abierta. Como lo recordó el Presidente, eso es "sólo una pausa". En realidad, es una maniobra electoral para seducir al electorado del centro en una eventual segunda vuelta.

Los críticos advierten que abrir un proceso constituyente en estos momentos sería un error mayúsculo. La Constitución de 1991 nació de un amplio consenso nacional y creó un Estado Social de Derecho con instituciones sólidas, descentralización y mecanismos de participación ciudadana que siguen siendo válidos. Los problemas que enfrenta Colombia hoy —inseguridad, crisis fiscal, pobreza, informalidad laboral y corrupción— no se resuelven cambiando la Constitución, sino garantizando que se cumpla y fortaleciendo las instituciones existentes.

La experiencia internacional es elocuente: procesos constituyentes sin amplios consensos previos terminan profundizando divisiones, generando incertidumbre legal y económica, y alejando inversión. Además, existe el riesgo de que una Asamblea Constituyente se desborde en sus competencias, como sucedió en 1991 cuando fue convocada para reformar la Constitución y terminó expidiendo una completamente nueva. Eso podría concentrar excesivo poder en manos del Ejecutivo, debilitando los controles democráticos que protegen las libertades ciudadanas.

Cuando el ejecutivo dice que "las herramientas jurídicas ordinarias resultan insuficientes" para forzar al Congreso a legislar, lo que realmente está diciendo es que el Congreso es un obstáculo. Pero la democracia no consiste solo en la voluntad mayoritaria, sino en respetar los procedimientos establecidos. Si se ignora esto, Colombia transita de un régimen presidencialista al absolutismo presidencial.

Colombia necesita estabilidad institucional, no un prolongado período de incertidumbre constitucional. Las reformas que el país requiere pueden y deben tramitarse a través de los mecanismos ordinarios que la propia Constitución prevé. Es la ruta correcta en tiempos de polarización como los actuales.