Hace apenas una semana era la gran apuesta del gobierno Petro para cerrar su mandato. La Asamblea Nacional Constituyente se promocionaba como la llave para desbloquear reformas estructurales que, según el Ejecutivo, habían chocado con obstáculos en el Congreso: cambios en salud, trabajo, pensiones y servicios públicos. El presidente mismo recorría actos en la Costa Caribe recolectando firmas, convencido de que esta era la vía para transformar el país. Pero los resultados del 31 de mayo lo cambió todo.

La derrota electoral de Iván Cepeda obligó al petrismo a hacer cuentas rápido. Resulta que la constituyente despertaba desconfianza incluso dentro de sectores que podría necesitar. En círculos políticos, empresariales y académicos sonaban alarmas sobre riesgos de concentración de poder, sobre la posibilidad de alterar los equilibrios institucionales o, peor aún, de reavivar la discusión sobre la reelección presidencial. Para el centro político, la propuesta era un punto rojo que hacía dudar a votantes moderados. Además estaba la contradicción incómoda: Petro había prometido en 2018 respetar la Constitución de 1991, e incluso dejó plasmado ese compromiso en una placa de mármol. Años después cambió de posición.

Así que durante esa semana de transición, altos funcionarios, gente de la campaña de Cepeda y representantes del comité promotor se sentaron a conversar. La conclusión fue sencilla: la constituyente les costaba votos que necesitaban desesperadamente. El costo político superaba cualquier beneficio. Y fue así de rápido: en cuatro días pasó de ser una prioridad a ser un estorbo.

Este viernes llegó el momento oficial. El comité promotor radicó ante la Registraduría Nacional una solicitud formal en la que manifestaron de manera "libre, expresa e inequívoca" su decisión de abandonar la iniciativa. Pidieron que se archivara todo, que se suspendiera la recolección de firmas y que se hiciera oficial el desistimiento. Horas antes, el presidente Petro ya había salido a respaldar públicamente la decisión, argumentando que los resultados electorales obligaban a replantear las cosas.

El vocero del comité, Armando Wouriyú Valbuena, explicó desde la sede de la Central Unitaria de Trabajadores que la determinación respondía a una evaluación de las condiciones políticas y a la necesidad de buscar consensos más amplios. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, agregó que hay otras vías institucionales para promover esas mismas reformas. Lo que hace dos semanas era la solución se convirtió en un problema que había que descartar rápido.

No todo quedó cerrado, eso sí. El concepto de "poder constituyente" sigue vivo en el discurso del petrismo y aparece en el programa de Cepeda. Varios analistas advierten que la idea no fue enterrada, solo congelada. Pero lo que quedó claro el 31 de mayo fue que obligó al presidente Petro a renunciar, al menos por ahora, a lo que aspiraba convertir en parte central de su legado.