El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, llegó a Medellín para participar en un evento sobre las Reglas de Brasilia, una iniciativa judicial pensada para que la justicia no sea solo un trámite formal, sino una herramienta real y efectiva para todos los ciudadanos. En conversación con EL COLOMBIANO, el magistrado abordó los problemas que más aquejan al sistema judicial: el hacinamiento en las cárceles, la congestión en los juzgados, la violencia sexual contra menores, las extradiciones, la presión de los medios sobre los jueces y cómo se mueve la Corte en medio de un país dividido. Para Lenis, la solución no puede ser simplemente construir más cárceles ni aumentar las condenas sin pensar. Colombia, dice, necesita revisar a fondo su política criminal, fortalecer los acuerdos anticipados entre fiscales y acusados, y dejar de lado lo que él llama el "populismo punitivo".

Sobre la Constitución de 1991, que este año cumple 35 años, Lenis fue claro en su defensa. "La Constitución de 1991 tiene los mecanismos establecidos para que pueda ser reformada. Es una posibilidad contemplada. Pero, al margen de ello, creo que la Constitución representa un gran pacto social que nos permitió salir de una crisis y nos marcó pautas para avanzar". Aunque reconoce que puede haber ajustes, considera que no es necesario cambiarla de raíz. "Yo creo más en que es probable que haya que hacer ajustes a la Constitución sin necesidad de cambiarla. No es un obstáculo para lograr igualdad social y equidad si existe la voluntad para hacerlo", señaló. El magistrado también destacó que la tutela, ese mecanismo que permite a cualquier ciudadano defender sus derechos rápidamente, ha sido fundamental: "La evidencia muestra cómo le ha permitido a muchas personas de todo el país tener un mecanismo expedito, ágil y rápido para materializar sus derechos".

En medio de las tensiones políticas actuales, Lenis insistió en que las tres ramas del poder deben trabajar juntas con respeto mutuo. "Ese diálogo institucional debe darse dentro de los cauces del respeto. Es bienvenido el debate, pero las decisiones deben tomarse dentro de las competencias de cada uno. Si trabajamos armónicamente, quien se beneficia es la ciudadanía", afirmó. Para él, lo importante no es que no haya desacuerdos, sino que estos se resuelvan con argumentos sólidos y dentro del marco institucional.

Sobre el hacinamiento carcelario, Lenis fue contundente al rechazar la idea de que simplemente construir más prisiones resuelva el problema. "La eficacia de un sistema judicial o de un sistema penal no se mide por el número de condenas ni por el número de personas detenidas en una cárcel". Señaló que muchos creen erróneamente que el delito se detiene con penas altas, cuando la realidad es otra. "Al delincuente no le importa el número de años; lo que sí lo puede disuadir es que haya una justicia que funcione y que le pueda aplicar una sanción, así no sea de tantos años". Lo que propone es cambiar la ecuación: en lugar de llevar más gente a juicio, fortalecer los acuerdos entre fiscales y acusados, algo que funciona bien en países como Estados Unidos, donde el 80 por ciento de los casos se resuelven así. Hace quince días, la Corte tuvo una reunión importante donde detectó que 496 personas condenadas seguían en sitios transitorios como estaciones de Policía, esperando ser trasladadas a cárceles definitivas.

La violencia sexual contra menores es otra de sus preocupaciones urgentes. Aunque no tiene una cifra exacta en este momento, el magistrado reconoce que "el número de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es muy alto. Es de los mayores volúmenes que resuelve la Sala día a día". Lo que le duele es que los entornos que deberían ser los más seguros —la familia, la escuela— terminen siendo los más peligrosos. "Por lo general, estos actos son realizados por un familiar: el abuelo, el padrastro, un tío o un amigo cercano. Los niños están siendo desprotegidos".

Frente a la presión mediática sobre los jueces, Lenis argumentó que los magistrados deben poder separarse de esas presiones y decidir conforme a lo que se pueda probar en el proceso. "Lo que importa en un proceso? Que la verdad de los hechos pueda ser llevada a lo que los abogados llamamos la verdad procesal. Si la verdad de los hechos no puede ser llevada al proceso, se puede presentar un déficit probatorio". Por eso, dijo, "la justicia está con la verdad y con lo que se logre probar en el proceso, porque en ocasiones sí pasa que la verdad de los hechos no se logra probar".

Finalmente, sobre los atrasos en la justicia, Lenis destacó que la Sala Laboral ya está al día resolviendo casos en tres a seis meses, y la Sala Civil tampoco tiene gran congestión. La apuesta es por la justicia digital, el expediente electrónico y mayor uso de preacuerdos. Pero advierte: si la conflictividad y la litigiosidad siguen creciendo sin que los métodos alternativos de resolver conflictos funcionen mejor, el sistema volverá a congestionarse.