Colombia está a un mes de elegir nuevo presidente y el futuro de su Constitución es uno de los temas más candentes en el debate público. Gustavo Petro tiene dos estrategias claras: la primera, lograr que Iván Cepeda sea su sucesor; la segunda, si eso falla, es impulsar una Asamblea Constituyente. Su equipo ya está recolectando firmas para presentarlas el 20 de julio, cuando toma posesión el nuevo Congreso. Lo curioso es que aunque recopilar firmas no es difícil para un gobierno en funciones, eso no garantiza automáticamente que se convoque la Constituyente. Petro lleva meses moviendo las universidades del país para respaldar la idea, buscando replicar lo que sucedió con la séptima papeleta en 1990. Sin embargo, los rectores de universidades como la Nacional, la Pedagógica, la del Atlántico, la de Antioquia y la Distrital han levantado la voz de alerta. Cuando Petro visitó la Universidad Nacional el 5 de mayo, varias fachadas amanecieron con pancartas en contra de sus intenciones constituyentes.

Lo interesante es que Petro no participó en la redacción de la actual Constitución. De los 73 constituyentes que la escribieron, él no estuvo allí. Antonio Navarro Wolff, quien presidió la Asamblea y fue su compañero del M-19, fue muy claro cuando le preguntaron al respecto: "Gustavo no fue miembro de la Asamblea Constituyente". Sin embargo, Petro ha dicho públicamente "Nosotros hicimos la Constitución del 91" y en su libro autobiográfico afirma que participó en la Asamblea cuando se desmovilizó el M-19 en 1990. La paradoja es enorme: ahora intenta destruir lo que dice haber construido, o tal vez simplemente siente la necesidad de dejar su propia huella en la historia con una Constituyente propia.

La Constitución de 1991 nació de una manera completamente distinta a la que Petro propone. No fue impuesta por un golpe ni por una victoria militar. Nació cuando estudiantes metieron una papeleta en las urnas durante las elecciones de marzo de 1990, pidiendo una Asamblea Constituyente. El gobierno de César Gaviria y luego la Corte Suprema la reconocieron porque no podían ignorar la voluntad popular. Era la séptima papeleta. En ese momento, Colombia estaba colapsada: el narcotráfico había volado un avión con 110 personas, asesinó a tres candidatos presidenciales en menos de un año y convirtió a Medellín en la ciudad con más homicidios por habitante del planeta. Las guerrillas controlaban territorios enteros y Colombia casi se convierte en un Estado fallido. En ese contexto de horror, el país decidió darse una segunda oportunidad y escribir un nuevo contrato social, reemplazando la Constitución que había estado vigente desde 1881 y que ya tenía más de cien años.

Lo importante es que la Carta de 1991 fue producto de un acuerdo entre múltiples sectores: guerrilleros desmovilizados del M-19, representantes indígenas, liberales, conservadores, académicos, cristianos y mujeres. Fue un experimento sin precedentes donde nadie intentaba imponer su visión del mundo. El documento con 393 artículos fue celebrado internacionalmente como uno de los más garantistas del continente. Consagró la tutela como protección inmediata de derechos, creó la Corte Constitucional, reconoció la diversidad étnica del país, blindó la independencia de la justicia y el Banco de la República, y declaró a Colombia como un Estado Social de Derecho. Hasta Gabriel García Márquez, que quiso ser constituyente pero no pudo, le hizo correcciones de gramática.

Los resultados de 35 años de esta Constitución son contundentes en números reales. Antes de 1991, ir al médico dependía de tener trabajo formal o de la caridad estatal. Hoy, el país pasó de tener apenas el 23,7% de población con acceso a salud a una cobertura del 99% en 2022. La mortalidad infantil se redujo de 35,6 por cada mil nacidos vivos en 1990 a menos de 14 en 2020. La inflación, que fue durante décadas un impuesto invisible que empobreció a millones, bajó de 31,98% cuando la Constitución entró en vigor a 5,29% hoy, una diferencia de casi 27 puntos que significa poder adquisitivo real para las familias.

La tutela, ese mecanismo jurídico para proteger derechos inmediatamente cuando el Estado los viola, se convirtió en una de las herramientas más importantes para los colombianos ordinarios. Desde 1992 hasta octubre de 2025 se han presentado más de 11 millones de acciones de tutela. Mientras que en 1992 fueron apenas 57 mil, para 2024 superaban las 910 mil anuales. Cada una de esas acciones es la historia de alguien que decidió exigir sus derechos. La Carta también cambió la política: de un sistema donde los colombianos no elegían alcaldes ni gobernadores y el poder estaba reservado a liberales y conservadores, pasó a un modelo con democracia participativa donde se crearon herramientas como el referendo, el plebiscito y la consulta popular. Además, reconoció a 87 pueblos indígenas como sujetos de derechos políticos con circunscripciones especiales en el Congreso, algo revolucionario en un país que hasta entonces los llamaba "salvajes" en sus leyes.

El jurista Rodrigo Uprimny la describe como "un texto lleno de promesas de derechos y bienestar para todos", con una "vocación transformadora". Ha servido como referente para otras constituciones latinoamericanas y es estudiada en universidades del mundo entero. Claro que hay deudas pendientes: los homicidios bajaron de 86 por cada 100 mil habitantes a 25, pero aún gravitan sobre el país. Sin embargo, como dijo el jurista Mauricio Gaona: "Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es al presidente". El problema no está en la letra de la Constitución sino en los funcionarios que no la aplican con rigurosidad y en los ciudadanos que deben hacerla cumplir.