En una intervención ante legisladores este jueves, Jennifer del Toro, la alta consejera para la Paz del gobierno, fue directo: la estrategia de diálogo implementada en Magdalena no funcionó. Peor aún, mientras el Estado negociaba, los grupos armados ilegales —particularmente las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia— se fortalecieron sin precedentes y ahora controlan territorios amplios del departamento con un dominio económico y social que el mismo Estado ya no puede contrarrestar.

Del Toro explicó que más de dos años de conversaciones no produjeron nada tangible. Identificó tres errores clave: primero, no se establecieron cronogramas reales para el desarme, lo que permitió que los grupos ganaran tiempo mientras seguían armándose. Segundo, los vacíos de poder generados por la dilación institucional fueron aprovechados por los criminales para expandir sus operaciones de narcotráfico y economías ilegales. Y tercero, se priorizó dar beneficios jurídicos sin verificar qué pasaba en el terreno. "Parecía que se negociaba, pero no se redujo la violencia ni se desmantelaron las economías ilegales. Al final, el Estado negoció con quien ya tenía el control, y salió perdiendo", sentenció la funcionaria.

Lo que existe hoy en la Sierra Nevada es lo que expertos en seguridad llaman sin rodeos un "paraestado". Los grupos criminales han instalado una administración paralela que controla desde la economía campesina hasta la vida cotidiana. Comerciantes, transportadores y pequeños negocios deben pagar extorsiones sistemáticas bajo lo que la gente ya llama "impuesto de guerra". Quienes se resisten enfrentan amenazas de muerte, desplazamiento o señalamientos públicos. Hay reportes incluso de que estos grupos criminales han puesto sus propios jueces de paz para resolver conflictos vecinales en lugar de las autoridades legítimas.

Los números crudos confirman la magnitud del problema. Entre 2022 y abril de 2026 se contabilizaron 4.872 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira, siendo Magdalena el más golpeado con 2.338 casos, una cifra que supera el promedio nacional en más de 40 por ciento. La inteligencia estatal también reveló que el Clan del Golfo expandió su presencia en el departamento en más de 600 por ciento entre 2021 y 2026. Las ACSN, herederas de antiguas estructuras paramilitares, ya superan el millar de hombres armados con capacidad de fuego real. A cambio de las extorsiones, estos grupos ofrecen lo que llaman "servicios de vigilancia", reemplazando funciones básicas que debería cumplir el Estado: protección ciudadana, arbitraje de conflictos y control del comercio.

La consejera advirtió que esta situación está afectando directamente a Santa Marta y su potencial turístico, uno de los principales motores económicos de la región. La inseguridad —reflejada en homicidios selectivos, desapariciones y bloqueos en vías clave como la que une el aeropuerto con el Rodadero— está asustando a inversores y turistas internacionales. Hoteles han frenado expansiones y operadores reportan cancelaciones de reservas por las alertas de viaje que emiten las embajadas.

El reconocimiento público del fracaso por parte de una funcionaria del gobierno de Gustavo Petro, cuya apuesta principal ha sido precisamente la negociación política, marca un punto de quiebre en el debate nacional. Mientras la oposición pide suspender cualquier diálogo con grupos que no demuestren intención real de desmovilizarse, organizaciones sociales del Magdalena exigen una intervención integral que combine presencia estatal legítima, inversión social y justicia para las víctimas. Mientras tanto, la Sierra Nevada sigue siendo territorio en disputa, y las comunidades siguen pagando el costo más alto.