La tensión comercial entre Colombia y Ecuador llegó a un punto crítico que obligó a la Comunidad Andina a meter la mano. El organismo que reúne a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con el objetivo de impulsar la integración económica de la región acaba de lanzar un ultimátum de 10 días para que ambos países retiren los aranceles que tienen en vigencia y que han destrozado el comercio bilateral.

El conflicto no llegó de la nada. Ecuador, bajo el gobierno de Daniel Noboa, comenzó a subir aranceles desde enero pasado, escalando desde el 30% hasta alcanzar el 100% en abril. La razón que esgrimió el país fue la falta de coordinación de Colombia en seguridad fronteriza. Gustavo Petro respondió con la retirada de su embajadora en Quito y ha insistido en que el problema real está en la gobernanza ecuatoriana, no en la seguridad que ofrece Colombia en la frontera.

Mientras los dos presidentes se lanzaban críticas, el comercio subregional se desmoronaba. La Secretaría General de la Comunidad Andina concluyó que estas restricciones arancelarias y de fronteras violan directamente el Programa de Liberación Comercial, el mecanismo que permite que las mercancías circulen libremente entre los miembros del bloque andino.

Por eso la CAN fue clara en su mensaje. En el documento oficial señala que "La Comunidad Andina exhorta a Ecuador y Colombia a fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia de control fronterizo con fin de atender las problemáticas de seguridad identificadas en las zonas de frontera mediante acciones conjuntas, sin afectar el normal desarrollo del comercio subregional". En otras palabras: solucionen sus problemas de seguridad, pero sin tumbar el comercio.

Con apenas diez días en el reloj, Colombia y Ecuador enfrentan la presión de encontrar una salida que contenga a ambos: resolver sus diferencias en frontera sin enterrar completamente los compromisos de integración andina que los vinculan con toda la región.