En Colombia existe una confusión peligrosa: algunos la ven como un rasgo cultural, otros como una realidad política inevitable. La verdad es que la compra de votos no es ninguna de esas cosas. Es simplemente un delito electoral castigado por la ley, una práctica que viola los principios fundamentales de la democracia y que, lejos de ser aceptable, debería ser rechazada categóricamente por toda la sociedad.

La compra y venta de votos, según el Código Penal, constituye el delito de corrupción al elector y tráfico de votos. Aunque está penalizado, la conducta sigue siendo muy común en ciertas dinámicas políticas, especialmente en territorios con altos índices de pobreza. Los métodos son variados: dinero en efectivo, mercados, materiales de construcción o promesas de empleo. Recientemente, durante un debate presidencial, el candidato Abelardo De la Espriella denunció ante autoridades de Estados Unidos una supuesta red de compra masiva de votos en el Caribe, asegurando que clanes políticos regionales tendrían dispuestos cerca de 60 mil millones de pesos para esta práctica.

Los analistas políticos son claros: esta práctica destruye la democracia en sus cimientos. Cuando el voto se compra, se viola el derecho fundamental de expresión, se impide que candidatos con buenas ideas pero sin recursos económicos accedan a cargos públicos, y se distorsionan completamente los resultados electorales. El resultado es que ganan quienes tienen dinero para pagar, no quienes tienen mejores propuestas para servir.

El daño que causa es profundo. Una democracia donde se compran votos genera peores servicios de salud, educación deficiente y mayor desviación de recursos públicos. Los gobernantes elegidos de esta manera no tienen responsabilidad ante sus electores, solo ante quienes les compraron el poder. Además, esta práctica agudiza las desigualdades sociales al mantener a las élites corruptas en el poder mientras las comunidades vulnerables siguen siendo explotadas.

En la costa Caribe colombiana, esta realidad es particularmente evidente. La falta de confianza en el Estado, la desigualdad socioeconómica y la operación sin control de poderosos clanes políticos regionales han permitido que la compra de votos funcione con relativa impunidad. Muchas de estas irregularidades nunca llegan a investigaciones penales formales. Organizaciones como Transparencia por Colombia han alertado sobre la necesidad de mayor vigilancia y sanción social, mientras que investigaciones académicas documentan que este fenómeno es un desafío persistente en la región.

Lo más grave es el mensaje que enviamos cuando permitimos que esto continúe: que en Colombia no se puede aspirar a un cargo de elección popular si no se tiene dinero para comprar votos. Esto cierra las puertas a profesionales con excelentes perfiles y genuinas ganas de servir a sus comunidades. No es hora de normalizar esto como parte de nuestra política. Es hora de que la sociedad rechace esta práctica, que se intensifiquen las investigaciones penales y que se cree un verdadero ambiente donde la competencia política dependa de las ideas y la capacidad de servir, no de la billetera.