En un juzgado de Nueva York, un traficante colombiano narró cómo vendía cocaína al cartel del Chapo Guzmán. Los intercambios ocurrían en la frontera ecuatoriana a unos 2.000 dólares el kilo. Durante años esa fue la cifra que usaban los analistas para medir cuánto valía el narcotráfico para el país. Pero la cuenta nunca fue correcta. Lo que sucede es que las organizaciones colombianas no sueltan la droga en la frontera. La mantienen bajo su control mucho más adentro de la cadena, hasta que llega a manos de compradores en México o hasta los mercados mayoristas de Europa. Cuando se mide la ganancia en esos puntos donde realmente cambia de dueño, los números son muy distintos.

En 2024, la producción y el tráfico de cocaína dejaron cerca de 16.500 millones de dólares en manos de esas organizaciones. Es más dinero del que Colombia ganó vendiendo petróleo ese año, que fue alrededor de 15.000 millones. Ningún otro producto, legal ni ilegal, genera más divisas para el país en este momento. Lo paradójico es que ese dinero nunca aparece en las cuentas oficiales. Los números que suma el Gobierno, donde entran el café, el carbón y el petróleo, simplemente ignoran al mayor generador de dólares del comercio exterior colombiano.

La diferencia entre vender en la frontera y vender más adentro de la cadena es enorme. Un kilo que sale de un laboratorio colombiano cuesta alrededor de 1.400 dólares. En una calle de Madrid o de cualquier ciudad europea se vende por 78.000 dólares, más de cincuenta veces el precio de origen. Pero ese salto gigantesco ocurre casi completamente fuera de Colombia, en el transporte internacional y en la reventa dentro de los países de destino. Las organizaciones colombianas solo controlan una parte de ese proceso. Lo que sí controlan es mantener la propiedad de sus cargamentos hasta puntos mucho más profundos que antes. Si venden en la costa, reciben alrededor de 2.500 dólares por kilo. Si logran llevar el lote hasta el mercado mayorista europeo, obtienen cinco o seis veces más. En promedio, capturan cerca de 5.900 dólares por kilo.

La evidencia de que esto está ocurriendo viene de procesos judiciales en Estados Unidos y Europa, además de un estudio de Naciones Unidas sobre el tráfico en el Atlántico. Hacia Estados Unidos, los carteles mexicanos financian gran parte de la producción y controlan la mayoría de lo que entra, así que allí Colombia recibe apenas el precio de origen. Pero en rutas hacia México, los cargamentos ya viajan como propiedad de sociedades criminales con socios tanto colombianos como mexicanos. Hacia Europa, donde no existe un cartel que tenga poder monopólico, las organizaciones colombianas se han convertido en importadoras y mayoristas. En España, la principal puerta de entrada, los colombianos operan incluso en la venta al por menor.

En una década este negocio creció de una forma dramática. En 2013 representaba apenas el 0,8% de la economía colombiana. En 2024 ya alcanza el 4,4%. El crecimiento no vino de precios más altos, sino de volumen. La producción potencial saltó de menos de 300 toneladas hace once años a cerca de 3.000 toneladas en 2024. Mientras tanto, el precio que capturan las organizaciones se mantuvo relativamente estable. En ese mismo período, las líneas de ingresos se cruzaron: el petróleo cayó por los precios mundiales y por una producción nacional que se agota, mientras la cocaína subió empujada por las cosechas.

Lo que el Estado no puede perseguir es lo que no controla. Cuando se desplomó el precio de la coca en 2022 y 2023, el golpe cayó sobre los campesinos cocaleros. Las ganancias de las organizaciones criminales no se movieron porque esas ganancias se forman ya en el exterior, en la droga que cruzó la frontera. La política antidroga se gasta principalmente en erradicar plantaciones y destruir laboratorios que se reponen en semanas. Mientras tanto, la plata se recauda en barcos que salen del Pacífico de noche y en puertos europeos. Perseguirla requiere otras herramientas: interdicción marítima coordinada, rastreo de dinero e investigaciones conjuntas con fiscales de España, Estados Unidos y México. Cada dólar invertido en eso rinde más que cada hectárea erradicada.

Esos 16.500 millones funcionan como el motor de toda una empresa criminal. Con ese dinero, grupos como el Clan del Golfo compran armas, pagan combatientes y controlan territorios enteros donde establecen sus propias reglas. En esos lugares cobran cuotas a comerciantes y transportistas, deciden cuándo pueden salir los niños a la calle y resuelven los conflictos que un juez resolvería en otra parte. Para muchas familias, esa organización criminal es la autoridad más cercana que existe. La renta también les permite diversificar en minería ilegal de oro, extorsión urbana y tráfico de migrantes. Esos negocios alternativos dependen del flujo estable de cocaína como capital de inversión. A mayor crecimiento de ganancias por drogas, mayor será el poder de estos grupos para disputarle territorio al Estado. Hoy ese adversario criminal es más grande que en cualquier otro momento de la historia reciente del país.