La tragedia de los falsos positivos en Colombia suma nuevas dimensiones. El presidente Gustavo Petro reveló este martes que la cantidad de jóvenes asesinados por la fuerza pública durante gobiernos anteriores alcanza cifras más alarmantes de lo que se creía. "Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Álvaro Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo", escribió Petro en su cuenta X.

Esta cifra representa un incremento del 22% respecto a lo que la Jurisdicción Especial para la Paz había establecido hace cinco años. En febrero de 2021, la JEP había documentado "que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008". Sin embargo, el magistrado Pedro Elías Díaz presentó durante una audiencia el pasado domingo en Apartadó, Antioquia, nuevas cifras que cambian el panorama de lo que sabemos sobre este crimen.

El aumento en los números obedece a que se amplió el marco temporal de análisis. Ahora la investigación cubre desde 1990 hasta 2016, no solo los años 2002-2008. Además, se han incorporado nuevos cruces de datos e informes. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que "siempre hemos dicho que esa cifra de 6.402 es un universo provisional de hechos, algo que puede cambiar". El magistrado Díaz señaló que estas cifras son dinámicas, conforme avanzan los casos del Macrocaso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.

Lo más preocupante es que los números podrían seguir creciendo. Ramelli advirtió que "lo más probable es que incluso esta cifra vaya a aumentar en el futuro" porque aún falta sumar información de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, donde algunos comparecientes están confesando estos crímenes.

Detrás de cada cifra hay historias de personas vulnerables. Los falsos positivos fueron principalmente jóvenes pobres o con discapacidades que fueron engañados con promesas de empleo, llevados a regiones donde no vivían y ejecutados. Luego, militares presentaban a estas víctimas como guerrilleros dados de baja para obtener recompensas o beneficios. En diciembre pasado, la JEP condenó al coronel retirado Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por hallarlo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados a estos asesinatos.