En una decisión respaldada por la comunidad científica nacional, cinco de los institutos de investigación ambiental más importantes del país han avalado el plan del Ministerio de Ambiente para controlar la población de hipopótamos en el Magdalena Medio. El pronunciamiento conjunto fue firmado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Invemar, el Instituto Amazónico SINCHI, el IIAP y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Estos centros de investigación respaldan tanto los protocolos de translocación como la aplicación de eutanasia para contener a la especie invasora.

Los números son preocupantes. Para 2022 había aproximadamente 169 hipopótamos en Colombia, pero de acuerdo con las investigaciones realizadas mediante convenios con el Ministerio, esa población podría dispararse a más de 500 ejemplares en 2030 si no se toman medidas de control. El problema es que estos animales no tienen depredadores naturales en el país y encuentran condiciones ideales en el valle del Magdalena para reproducirse sin restricción.

El impacto en el ecosistema es serio y multifacético. Los hipopótamos compiten directamente por alimento y espacio con especies nativas como el manatí, el chigüiro y la nutria. Pero el daño va más allá: estos animales compactan los suelos, erosionan las riberas y aumentan la materia orgánica en el agua, lo que genera falta de oxígeno y mata peces. Esto afecta directamente a las comunidades que dependen de la pesca para comer.

Pero no es solo un tema ambiental. El informe de los institutos científicos deja claro que los hipopótamos representan un riesgo directo para las personas. En 2022 se registraron 15 ataques a seres humanos, hay persecuciones constantes, afectaciones al ganado y limitaciones en la movilidad de comunidades, incluyendo menores de edad. Además, estos animales pueden ser portadores de enfermedades como brucelosis y ántrax.

Aunque se evaluaron otras opciones como alertas tempranas, intervención social y translocación a otros países, las dificultades técnicas para trasladar ejemplares hicieron que se optara finalmente por los protocolos de eutanasia, tanto física como química. El operativo comenzará en el segundo semestre del año en las zonas priorizadas del sistema Magdalena-Cauca, bajo la responsabilidad de corporaciones como Cornare, CAS, Corantioquia y Corpoboyacá. La meta es extraer al menos 80 individuos.

Los institutos advierten que actuar rápido es fundamental. Si no se interviene ahora, el riesgo de expansión hacia zonas como Zapatosa y La Mojana es real, y esos ecosistemas son aún más vulnerables. La ciencia colombiana ha hablado: el problema es grave y requiere soluciones inmediatas para proteger tanto la biodiversidad del país como la seguridad de quienes viven en esas regiones.