La tragedia de Breider Murcia Correa es un reflejo de los problemas que aquejan al sistema de salud colombiano. Un joven de Caquetá terminó acudiendo a un tribunal internacional porque ni los juzgados locales ni las autoridades de salud lograron obligar a su EPS a gestionar una cirugía que podría salvarle la pierna. Todo porque una entidad de salud simplemente no actuó.

El 16 de marzo de este año, Murcia Correa sufrió un accidente de tránsito que le causó múltiples fracturas y lesiones graves en las extremidades inferiores. Lo atendieron en el Hospital Departamental María Inmaculada en Florencia, pero rápidamente los médicos concluyeron que no tenían los recursos para lo que el joven necesitaba: una reconstrucción compleja de pie y tobillo. Los especialistas fueron claros: el caso era una "urgencia vital dado el riesgo de amputación de miembro inferior derecho". A pesar de eso, la EPS Asmet no lo trasladó.

El sistema de justicia intentó poner orden. El 20 de abril, un juzgado municipal ordenó a la EPS gestionar la remisión en 48 horas. La orden fue ignorada. Los jueces quedaron tan indignados que abrieron un proceso por desacato y fueron duros en sus palabras: "Comprobado el desacato a la decisión judicial, se concluye así una actitud negligente y displicente que debe ser sancionada, pues se le brindaron todas las garantías de defensa... inclusive dándole plazos y oportunidades", escribieron desde el despacho judicial.

La Superintendencia Nacional de Salud también revisó el caso y llegó a conclusiones parecidas. Según el organismo, la EPS respondía formalmente a los requerimientos pero sin resolver lo fundamental: sin gestión real, sin cirugía, sin traslado. "Hubo respuestas sin gestión y solución de fondo ante el reclamo del paciente, identificando presuntas barreras de acceso asociadas a la falta de oportunidad en el proceso de remisión", concluyó la entidad.

Mientras los meses pasaban y ninguna autoridad nacional lograba mover a la EPS, la salud de Breider empeoraba. Fue necesario que interviniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado tomara medidas urgentes. La CIDH analizó los expedientes, vio las demoras administrativas de la EPS Asmet, y fue contundente: Murcia Correa está en una "situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de daño irreparable". El organismo internacional advirtió que "Los derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en una situación de grave riesgo".

Ahora el gobierno tiene 15 días para informar qué acciones concretas tomó para garantizar que Breider sea operado y no pierda su pierna. Un plazo que debería haber sido innecesario hace meses, cuando un juzgado local ya lo había ordenado.