Colombia exhibe un contraste territorial que se ve a simple vista en sus cabeceras municipales. De un lado está La Ceja, en el oriente antioqueño, donde las calles lucen limpias, las rutas de recolección funcionan sincronizadas y los ciudadanos separan los residuos desde sus casas. Del otro lado está Uribía, cuyo casco urbano se ahoga en basura: plazas asfixiadas, canecas desbordadas y botaderos satélites esparcidos en los límites de la ciudad. No es coincidencia. Es el reflejo de dos maneras opuestas de gobernar lo urbano.

Según el análisis del columnista Arcesio Romero Pérez, en La Ceja la limpieza no es accidente ni adorno turístico. Es política pública que funciona como un engranaje: hay recolección diferenciada, plantas de clasificación operativas, rutas optimizadas con tecnología y una administración que mide, rinde cuentas y educa continuamente. El residuo se gestiona donde nace, y la institucionalidad trabaja previniendo problemas, no parando fuegos a último momento.

Uribía enfrenta una realidad distinta. El crecimiento sin planificación, la expansión comercial y el turismo estacional desbordaron un sistema de recolección débil. Los botaderos no están en rancherías remotas: florecen en lotes baldíos cercanos al centro, en quebradas urbanas y a los márgenes de la vía principal. El verdadero cuello de botella está en la ausencia de una planta de transferencia moderna, en la falta de coordinación entre la administración local y los barrios, y en la informalidad total de la disposición final. No es pereza guajira, sino un déficit de diseño urbano-ambiental.

Romero Pérez subraya que comparar estos municipios no debe servir para culpar ni para romantizar. La brecha ambiental en Colombia es estructural, no moral. La Ceja cuenta con ventajas históricas: densidad poblacional que hace viable recopilar residuos, administración municipal estable, presupuestos consistentes y décadas de educación cívica. Uribía, por su parte, es el municipio más extenso del país, con población dispersa, comunidades Wayuu con gobierno propio, vías que desaparecen en invierno y presupuestos que apenas cubren lo indispensable. Aquí el residuo se gestiona mal no por desinterés, sino por falta de sistemas adaptados a la geografía, la cultura y la realidad fiscal.

Pero reconocer las limitaciones no exime responsabilidades. La gestión deficiente de residuos en Uribía daña ecosistemas costeros, genera riesgos sanitarios y desperdicia potencial turístico. El desafío no es imitar a La Ceja, sino aprender de ella. La eficiencia antioqueña se construyó con voluntad política, participación ciudadana y alianzas entre académicos, empresas y territorio. Eso puede ser una hoja de ruta para otros lugares.

El columnista plantea soluciones concretas para la zona urbana uribense: cerrar inmediatamente botaderos satélites, diseñar planes de gestión intercultural respetando la cosmovisión Wayuu, construir plantas de transferencia y microcentros barriales, formalizar a los recicladores informales, crear cooperación técnica intermunicipal y exigir a comercios y servicios turísticos la separación de residuos en origen. Todo esto acompañado de educación ambiental sostenida en escuelas y juntas de acción comunal.

Uribía no necesita convertirse en La Ceja. Necesita que su cabecera deje de ser un depósito de oportunidades perdidas. Porque limpiar una ciudad no es estética: es dignidad urbana. Y esa dignidad se construye con rutas que pasan, canecas que no rebosan y ciudadanos que exigen pero también cumplen. Cuando la gestión de residuos se entiende desde la comunidad y no desde la imposición, deja de ser un problema para volverse un acto de cuidado mutuo.