Hace poco más de un año, la vida de la familia Aguilar Barboza cambió para siempre. Antonella, una niña de apenas 6 años, se desplomó débil en el baño de su casa en Riohacha, perdiendo el conocimiento. Sus padres la llevaron de urgencia a la Clínica CEDES, donde fue estabilizada. Lo que vino después fue un viaje angustioso: sus padres tuvieron que protestar en las oficinas de Sanitas E.P.S. para lograr que la niña fuera remitida a Valledupar, la única ciudad con la capacidad de brindarle la atención especializada que requería.

Durante 45 días, Antonella estuvo hospitalizada en UCI, intubada, mientras su madre July no se apartaba de su lado. La angustia de esos momentos fue tanta que la madre pasó tres días sin bañarse, pegada a la cama de su hija pequeña. Desde ese entonces, July enfrenta un proceso disciplinario en su trabajo por haber acompañado a su hija en ese momento crítico. Lo que debió ser un reconocimiento a su dedicación, se convirtió en una sanción.

Pero el calvario no terminó con el alta hospitalaria. Durante el último año, Antonella ha necesitado citas, controles médicos, exámenes y medicamentos constantes. El sistema de salud, lejos de facilitar su recuperación, se ha convertido en un obstáculo lleno de trámites, solicitudes de autorización y retrasos que no respetan la urgencia de sus necesidades ni la dignidad de la familia.

El colmo llegó hace poco cuando los padres viajaron a Barranquilla siguiendo órdenes de los médicos infectólogo e inmunólogo de Antonella. Las vacunas estaban prescritas, autorizadas y todo parecía estar en orden. Pero al llegar, les dijeron que la EPS no tenía disponible la vacuna, aunque sí estaba disponible si la pagaban de forma privada: más de tres millones de pesos por ambas vacunas y su aplicación. July sintió que era una burla, especialmente porque además le negaron los viáticos del viaje que había hecho apenas el día anterior.

Con el corazón roto y la rabia hirviendo, July decidió actuar. A las 4:30 de la madrugada, ella, su compañero y familiares se apostaron pacíficamente en las puertas de Sanitas E.P.S. en el centro de Riohacha. No iba a irse hasta que su hija recibiera las vacunas que le habían negado. Mientras los medios locales amplificaban su voz, July sostenía una certeza inquebrantable: "De aquí no me voy hasta que a mi hija le coloquen las vacunas".

Su protesta representa la voz de miles de madres, cuidadores y familias de pacientes que diariamente enfrentan este mismo laberinto burocrático. Personas que luchan a diario por ejercer un derecho que debería ser garantizado: acceso a la salud de forma digna y oportuna. Al cierre de esta historia, después de horas de espera, July logró que le entregaran los medicamentos que debían haber llegado desde mayo. Mientras tanto, Antonella viajaba nuevamente hacia Valledupar para recibir las vacunas que su cuerpo necesitaba para protegerse de los riesgos que su condición de salud conlleva.