La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrentó un paradoja frustrante en 2025: contrató trabajos por prácticamente el 100% de su presupuesto, pero cuando llegó la hora de pagar, solo desembolsó un tercio. Según un análisis de la Dirección de Análisis Económico e Investigaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) que utilizó datos del Ministerio de Hacienda, la agencia disponía de $8,36 billones pero solo pagó $2,88 billones durante 2025. El resto, unos $5 billones, quedó congelado en forma de compromisos futuros. Este desempeño marca el peor registro del sector Transporte en los últimos siete años.

La crisis tiene dos causas principales. Primero, la ANI incumplió sus plazos contractuales al no pagar vigencias futuras antes del 31 de diciembre de 2025, aunque los contratos permitían hacerlo hasta el 15 de febrero de 2026. Segundo, la entidad sufrió un recorte presupuestal de $1,16 billones durante el año, pasando de una apropiación inicial de $9,53 billones a los $8,36 billones finales. Este ajuste llegó por medio del Decreto 1477 de 2025, con el que el Gobierno replanteó el presupuesto nacional para 2026.

El retraso en los pagos afecta directamente a las empresas concesionarias que operan los grandes corredores viales. Estas compañías deben cubrir con dinero propio o mediante créditos los costos de construcción, operación y pago de deudas financieras mientras esperan que la ANI gire los recursos. Esto genera intereses adicionales, comprime sus flujos de caja y activa mecanismos de reclamación previstos en los contratos. La ANI reconoce el riesgo: tiene presupuestados $3.500 millones para laudos arbitrales en 2026, lo que evidencia que ya espera demandas de las concesionarias.

Cuatro corredores viales de importancia estratégica llegaron a fin de febrero sin recibir un solo peso de lo comprometido. Puerto Salgar-Barrancabermeja, que atraviesa Cundinamarca, Boyacá y Santander, tiene $367.000 millones sin pagar. Buenaventura-Loboguerrero-Buga, en el Valle del Cauca, reclama $247.000 millones. Popayán-Santander de Quilichao, en el Cauca, espera $249.000 millones, y Sabana de Torres-Curumaní, entre Santander y Cesar, tiene $179.000 millones pendientes. Otros corredores como Cartagena-Barranquilla y Villavicencio-Yopal recibieron pagos parciales. Mientras tanto, el rubro de control y seguimiento a vías primarias acumula $48.000 millones sin girar.

La magnitud del incumplimiento refleja un problema estructural. La ANI ejecutó solo el 20,4% de su presupuesto de inversión en 2025, quedando 26,6 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico registrado entre 2019 y 2024. Entre las tres entidades principales del sector (ANI, Invías y Aerocivil), la agencia de infraestructura fue la peor administradora de recursos públicos. El resultado final es que miles de millones destinados a mantener y mejorar las vías por donde circula el comercio y la movilidad del país quedaron en el limbo, afectando tanto a los operadores privados como a los usuarios que dependen de esas carreteras.