En la Altillanura colombiana, invertir en agricultura no es simplemente un negocio complicado: es casi un acto de heroísmo. Así lo revelan los proyectos agroindustriales que actualmente luchan por despegar en Meta y Vichada, donde el primer desafío ni siquiera comienza en el campo, sino en los trámites previos.

Comprar una hectárea en esa región es solo el comienzo. A ese costo inicial debe sumarse aproximadamente 8 millones de pesos en cal dolomita para corregir la acidez de los suelos e incorporarla adecuadamente. Y todo esto, hay que decirlo con claridad, sucede antes de sembrar la primera semilla. Luego llega el calvario logístico. En temporada de lluvias, los insumos, maquinaria y cosechas deben transportarse por el río Meta; en verano, la alternativa es una trocha de más de 500 kilómetros entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Ambas rutas están en condiciones deplorables y abandonadas por las autoridades, lo que encarece cualquier operación y la deja sometida a la incertidumbre.

La paradoja es brutal: la Orinoquía y la Altillanura conforman la despensa agrícola natural de Colombia. Estos territorios, que representan el 25 por ciento del país, podrían garantizar alimentos competitivos para 50 millones de colombianos y sustituir más de 10 millones de toneladas de importaciones que hoy encarecen la canasta familiar. Sin embargo, albergan apenas el 3 por ciento de la población, con tierras abundantes y prácticamente sin usar frente a una fuerza laboral mínima. Es un potencial gigantesco frenado por falta de decisión política.

Pero el abandono de las vías es solo una parte del problema. Existe otro aún más corrosivo: la inseguridad jurídica. Los trámites de tradición de predios funcionan como un laberinto, y las regulaciones sobre Unidades Agrícolas Familiares impiden que los proyectos escalen. Peor aún, la Agencia Nacional de Tierras ha generado una atmósfera permanente de incertidumbre, con interpretaciones arbitrarias y constantemente cambiantes sobre qué se puede hacer con la tierra. Miles de empresarios agrícolas reportan persecuciones administrativas, amenazas de expropiación y violaciones de derechos fundamentales que los tienen exhaustos.

A esto se suma una carga tributaria asfixiante. Un inversionista en la Altillanura debe enfrentar 44 rubros impositivos diferentes: desde el momento de constituir la empresa hasta después de vender la cosecha. Es un sistema tributario diseñado más para desalentar que para impulsar. Si realmente Colombia quisiera explotar esta región estratégica, podría duplicar su producción agrícola nacional, atraer inversión tanto nacional como extranjera, y convertirse en un actor relevante en los mercados globales de alimentos.

La Altillanura representa la mayor oportunidad económica que Colombia tiene para este siglo, pero también evidencia el abandono estatal, la burocracia paralizante y la falta absoluta de visión de largo plazo. Mientras otros países invierten en sus regiones estratégicas, Colombia las castiga. Si el país aspira a crecer, esta región debe dejar de ser un territorio hostil para quienes quieren producir en él.