Los problemas legales de Mikhail Krasnov van más allá de la anulación de su elección como alcalde de Tunja, que quedó confirmada por el Consejo de Estado en marzo. Ahora el mandatario se ve envuelto en una investigación penal que apunta a posibles irregularidades graves en la forma en que su administración contrató servicios públicos.

La Fiscalía General de la Nación sigue la pista de una denuncia interpuesta en febrero de 2024 que trae consigo una acusación delicada: según las indagaciones conocidas por Caracol Radio, habría existido un arreglo mediante el cual se buscaba que un abogado retirara una demanda de nulidad electoral presentada contra el propio Krasnov. A cambio de ello, la teoría de los investigadores sugiere que se le ofrecieron contratos con entidades del municipio.

Los hechos que la Fiscalía examina con lupa revelan una cronología sospechosa. El 1 de febrero de 2024 se tramitó un contrato con la Alcaldía de Tunja por aproximadamente 19,8 millones de pesos, dirigido al abogado Juan Sebastián Ramírez García. Ese acuerdo nunca se ejecutó, pero quedó registrado. Un día después, el 2 de febrero, Ramírez García retiró su demanda electoral. Luego, firmó otro contrato con la empresa municipal de vivienda Ecovivienda por más de 54 millones de pesos. Los investigadores cuestionan por qué un abogado sin experiencia técnica recibía un contrato de esa magnitud, exactamente en esos tiempos. Sumados, los dos acuerdos superan los 70 millones de pesos.

En septiembre de 2025 la Fiscalía dio un paso decisivo. El ente acusador imputó cargos contra Krasnov por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. También fueron vinculadas la secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán, y Sara Catalina Pedraza, gestora social durante 2024. En el expediente figura además el entonces gerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez.

Durante la audiencia de imputación, el juez ordenó una medida de aseguramiento que, aunque no implica cárcel, prohíbe a Krasnov salir del país mientras avanza el proceso. Los imputados rechazaron los cargos. La Fiscalía ya solicitó avanzar hacia la fase de acusación formal, lo que significa que el proceso está tomando velocidad.