La congresista Katherine Miranda encendió las alarmas al denunciar que familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han sido favorecidos con más de 3.000 millones de pesos en contratos y nombramientos públicos desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022. La denuncia llega en un momento crítico para el país, cuando el sistema de salud enfrenta una profunda crisis financiera y de acceso.

Según los documentos que Miranda recopiló y divulgó, varios miembros de la familia del ministro habrían celebrado contratos con diferentes entidades del Estado entre 2023 y 2026. Los nombres en la lista incluyen a María Clara Berrocal, cuñada del funcionario, quien habría recibido más de 390 millones de pesos en contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz. También aparecen Camilo Andrés Jaramillo Berrocal con contratos que sumarían más de 1.400 millones de pesos en entidades como la Empresa Férrea Regional, y Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del ministro, con acuerdos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La lista de beneficiarios continúa con Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, quien fue contratado por ADRES. También está Omar Jaramillo Martínez, hermano del funcionario, con un contrato en la Contraloría General de la República. A esto se suma que Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, fue designado como director de ProColombia en el Reino Unido, y Beatriz Eugenia Gómez, esposa del funcionario, ocupa el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud.

Miranda fue enfática en su crítica. Según la congresista, "Mientras Colombia enfrenta una profunda crisis en el sistema de salud, es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos. El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de interés".

La representante hizo un llamado directo a los órganos de control para que revisen la legalidad de cada contrato y nombramiento, enfatizando que el control político no puede ser selectivo ni depender de afinidades partidistas. "El cambio prometía acabar con las élites enquistadas en el poder. Colombia necesita respuestas, no silencios", agregó Miranda.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha emitido una respuesta oficial a los señalamientos de la congresista. La denuncia cobra especial relevancia en el contexto del debate nacional sobre la reforma al sistema de salud y la complicada situación financiera de hospitales y EPS, realidades que Miranda considera aún más preocupantes si existen irregularidades sin esclarecer en la cartera de Salud.