Karen Manrique, congresista por las curules de paz, dejará la cárcel bogotana El Buen Pastor para ser recluida en una instalación militar. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tomó la decisión de trasladarla a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública, ubicada en el Batallón de Ingenieros No. 2 Vergara y Velasco en Malambo, Atlántico. Este centro cuenta con un pabellón femenino que permitió concretar el movimiento.

El cambio de recinto se produce tras una solicitud de su defensa. Los abogados de Manrique presentaron un derecho de petición pidiendo que fuera trasladada a un lugar con condiciones especiales, argumentando que su seguridad corría peligro dentro del penal capitalino. En un inicio, habían pedido su envío a la Brigada Especial de Comunicaciones en Facatativá, pero las autoridades penitenciarias determinaron que el cupo más adecuado estaba en Malambo.

Manrique está siendo juzgada por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se le investiga por cohecho impropio, relacionado con la supuesta aprobación de créditos de la Nación a cambio de beneficios burocráticos. Según los investigadores, varios congresistas habrían aprobado operaciones de crédito en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de cupos indicativos, en un esquema coordinado desde altos niveles del Gobierno.

La Corte ordenó la captura de Manrique el 11 de marzo, junto a otros legisladores vinculados al caso, incluido Wadith Manzur, quien permanece en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Otros implicados, como los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, fueron enviados a la cárcel La Picota. El traslado de Manrique a una instalación militar es inusual y responde a evaluaciones de seguridad especial.

El expediente de la Corte contiene documentos, grabaciones y testimonios que, según la institución, evidenciarían un entramado de corrupción donde se ofrecían beneficios a congresistas a cambio de su voto en decisiones cruciales sobre recursos públicos. El caso también involucra a exministros y funcionarios que ya fueron imputados y permanecen privados de la libertad mientras continúa la investigación. Con este movimiento, las autoridades pretenden resguardar tanto la integridad de la congresista como garantizar que el proceso judicial avance correctamente en lo que representa uno de los mayores escándalos de corrupción en el país de los últimos años.