La Sierra Nevada volvió a mostrar sus grietas de inseguridad. Esta vez, quienes están en la mira son los Kankuamos, comunidad indígena que nuevamente se enfrenta a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio ancestral. La situación obligó a que el Comité Territorial de Justicia Transicional del Cesar convocara a una sesión extraordinaria, cumpliendo además una orden judicial que buscaba traducir los compromisos institucionales en acciones concretas en el terreno, no solo en documentos de escritorio.

Durante el encuentro, los líderes indígenas no se guardaron nada. Expusieron sin vueltas el panorama que viven a diario: hay reconfiguración de actores armados, limitaciones en la movilidad de las familias, presiones constantes y amenazas directas contra las autoridades del cabildo. El cuadro es complicado, y todos en la reunión lo saben.

Como respuesta, las instituciones pusieron sobre la mesa medidas de protección que buscan ser inmediatas. La principal es el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hará nuevas evaluaciones de riesgo tanto individuales como colectivas. Con eso, esperan ajustar los esquemas de seguridad que ya están en marcha. No es poco, pero tampoco es suficiente si no se ejecuta con agilidad.

El Gobierno Nacional quedó en la tarea de liderar una mesa técnica para articular esfuerzos. De su lado, la Fiscalía General se comprometió a acelerar las investigaciones sobre los casos denunciados. La idea es que la Fuerza Pública, la Gobernación del Cesar y las autoridades locales trabajen de manera coordinada para evitar que el conflicto siga escalando en el corazón de la Sierra Nevada.

El mensaje al cierre fue directo: la situación del pueblo Kankuamo sigue siendo crítica. Todo dependerá de que estas medidas no se queden en promesas y se conviertan en realidades concretas en el territorio. Los indígenas han escuchado compromisos antes. Esta vez necesitan verlos.