La justicia bogotana cerró la puerta a una petición del representante Miguel Polo Polo: no podrá cumplir su sentencia de arresto desde la comodidad de su hogar. Un juzgado de la capital rechazó su solicitud para guardar los tres días de detención en su domicilio, ordenando que ingrese a un centro penitenciario para hacer efectiva la medida.

La razón es contundente desde el punto de vista judicial. El juzgado consideró que esta sanción tiene un carácter constitucional pensado para garantizar que realmente se cumplan las órdenes que imparten los jueces. Por eso no puede tratarse como una condena penal ordinaria que sí admite la posibilidad de cumplirse en casa. Se trata de castigar el desacato, es decir, el incumplimiento deliberado de lo que un tribunal ordena.

El conflicto de fondo viene de lejos. Polo Polo fue sancionado por no cumplir varias disposiciones judiciales relacionadas con un homenaje a las víctimas de los llamados "falsos positivos" y a las Madres de Soacha. El congresista destruyó una instalación simbólica dedicada a esas víctimas, y la justicia le ordenó que ejecutara medidas de reparación: presentar disculpas públicas y participar en espacios de diálogo con los afectados.

El Tribunal Superior de Bogotá ya había avalado esta sanción en decisiones previas, confirmando los tres días de arresto más una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales mensuales. Los jueces encontraron que el representante simplemente no cumplió. Ni siquiera asistió a las actividades de reinstalación del homenaje, pese a ser notificado repetidamente de sus obligaciones.

Los argumentos que presentó la defensa del congresista no prosperaron en ninguna instancia. Ahora queda pendiente definir en qué establecimiento penitenciario cumplirá efectivamente la medida y en qué fecha iniciará el arresto, mientras continúan los trámites por el incumplimiento de las órdenes judiciales.