La justicia en Arauca frenó en seco los bombardeos contra grupos armados ilegales. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca concedió una tutela presentada por la Personería Municipal de Puerto Rondón y ordenó suspender las operaciones aéreas contra estas estructuras mientras se revisan y fortalecen los protocolos de seguridad. La medida apunta a una preocupación que cada vez suena más urgente: proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados de forma forzada en estos grupos.

La orden judicial cobija directamente al presidente Gustavo Petro, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, y al general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Todos tienen un plazo máximo de dos meses para ajustar cómo planean y ejecutan sus ataques estratégicos. Según el fallo, antes de autorizar cualquier bombardeo deberán agotarse medidas de inteligencia y análisis que permitan identificar si hay menores dentro de los grupos armados ilegales.

La decisión llega en un momento donde la discusión sobre bombardeos está candente. El 4 de junio, el presidente Petro ordenó una operación en Guaviare contra disidencias de las FARC lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Luego de enfrentamientos entre facciones se hallaron 48 cadáveres, entre ellos al menos 11 menores de edad, según reportó Medicina Legal. Esas cifras alertaron a todo el país sobre lo que está pasando en los territorios donde operan estos grupos.

La cifra que más estremece es la que compartió UNICEF en febrero. La organización informó que los casos verificados de reclutamiento y uso de niños por grupos armados en Colombia aumentaron un 300 por ciento en los últimos cinco años. Peor aún, según datos de 2024, en promedio un niño o niña fue reclutado o utilizado cada 20 horas en el país. Es una alarma que no se puede ignorar.

En Arauca, el ELN y disidencias de las antiguas FARC libran disputas constantes por corredores estratégicos ligados al narcotráfico y el control territorial. La orden judicial no detiene toda la actividad militar en la región, pero sí pone un freno temporal a los bombardeos hasta que las autoridades implementen los cambios exigidos. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quedarán encargados de acompañar y verificar que se cumpla con lo ordenado.