El Juzgado 22 Penal de Bogotá le puso una sanción a la senadora Aida Quilcué por no acatar una orden judicial. La condena incluye tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. La medida es respuesta al incumplimiento de una acción de tutela que interpuso el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, quien buscaba información detallada sobre la contratación pública vinculada a familiares de la parlamentaria indígena.

La raíz del conflicto está en la transparencia de recursos públicos. Hernández, senador de la Alianza Verde, cuestionó contratos estatales suscritos por tres familiares de Quilcué durante el actual periodo presidencial. Según los datos que presentó ante la justicia, Karen, Kelly y Mayerli Quilcué habrían acumulado contratos por un monto cercano a los 1.830 millones de pesos. El senador argumentó que esta información era esencial para ejercer el control político y determinar el origen de esos recursos asignados al círculo cercano de la congresista.

El fallo, difundido públicamente por Hernández en sus redes sociales, incluye una advertencia seria: si Quilcué continúa omitiendo la entrega de los documentos solicitados, el asunto podría ser remitido a la Corte Suprema de Justicia mediante compulsa de copias penales. Hasta el momento, la senadora no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la determinación judicial.

Esta situación judicial llega justo cuando cierra el periodo legislativo actual y se aproxima la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio. A pesar de la sanción y los señalamientos, Quilcué no perderá su investidura parlamentaria. En el nuevo cuatrienio se trasladará del Senado de la República a la Cámara de Representantes, una curul que ocupará en virtud del Estatuto de la Oposición tras el resultado de los comicios presidenciales pasados, cuando se desempeñó como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.