El Juzgado Cuarenta y Siete Penal Municipal de Medellín ordenó al alcalde Federico Gutiérrez y a la Biblioteca Pública Piloto rectificar públicamente por haber cancelado el lanzamiento del libro "El M-19. De la guerra a la política" hace algunos meses. La decisión judicial acogió una tutela presentada por el ciudadano Santiago Alarcón Serna, quien consideró que fue un acto de censura contra su derecho a la libertad de expresión.

Lo que sucedió fue que minutos antes de que empezara el evento el 21 de abril, el alcalde Gutiérrez escribió en X asegurando que la actividad tenía "un carácter evidentemente político" y que ninguna entidad pública podía albergarla. Además la catalogó como "apología al terrorismo" y citó la Ley de Garantías Electorales como justificación. La Biblioteca acató la orden de inmediato, retiró el equipo de sonido y metió policía al lugar. Sin embargo, las personas que iban al evento decidieron quedarse y realizaron el lanzamiento del libro de forma pacífica, aunque sin el apoyo institucional que se había planeado.

El juzgado concluyó que sí hubo censura porque las entidades accionadas no probaron que el evento fuera de carácter electoral o proselitista. El juez consideró además que la cancelación fue intempestiva, es decir, apresurada e injustificada, puesto que la actividad ya tenía autorización previa en la agenda cultural de la ciudad y no había surgido ningún hecho nuevo que justificara cambiar esa decisión.

Este caso ya había pasado por otros juzgados antes. En mayo de 2026, el mismo juzgado concedió parcialmente el amparo, pero tanto el Distrito como la Biblioteca apelaron. El Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito anuló todo lo anterior por considerar necesario vincular al proceso al autor del libro, a la editorial Desde Abajo y a los dos panelistas del evento para garantizarles su derecho de defensa. Una vez con todos metidos en el pleito, el Distrito insistió en que la orden de cancelación no fue responsabilidad directa del alcalde sino decisión autónoma de la Biblioteca, mientras que esta última defendió que su actuación se ajustó a sus normas internas y a la Ley de Garantías.

Como medida de reparación, el juzgado ordenó que tanto el alcalde como el director de la Biblioteca emitan un comunicado oficial dentro de 48 horas hábiles reconociendo la afectación a los derechos fundamentales de quienes fueron afectados y reafirmando el compromiso institucional con la libertad de expresión. Lo importante es que ese comunicado debe publicarse en el mismo canal utilizado para anunciar la cancelación: la cuenta de X del alcalde.

El juez no accedió a la solicitud de organizar un nuevo evento con apoyo institucional, argumentando que el lanzamiento del libro ya se había realizado, aunque en condiciones adversas. Santiago Alarcón, el demandante, expresó su escepticismo sobre si habría un cumplimiento voluntario: "Frente a la prohibición de hablar sobre esto, yo no creo que se vaya a rectificar de forma voluntaria. Creo que otra vez nos veremos en el proceso de segunda instancia, ya no sé de qué manera buscarán dilatar el proceso. Nosotros, si no vemos una publicación en X del alcalde de acá al jueves, presentaremos el incidente de desacato nuevamente". El fallo puede ser impugnado en tres días hábiles y, de no serlo, irá a revisión de la Corte Constitucional.