Un juzgado de Bogotá tomó la decisión de dejar en libertad a Sandra Ortiz, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro que había estado implicada en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha enfrentado el país en los últimos años. La liberación se produjo por vencimiento de términos, un mecanismo legal que se activa cuando el proceso se dilata más allá de los plazos establecidos.

Ortiz se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones en la administración Petro cuando fue procesada por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los señalamientos en su contra indicaban que había facilitado el movimiento de más de 3 mil millones de pesos en sobornos desde la Ungrd hacia congresistas, en lo que se presentó como un intento de favorecer financieramente al Gobierno.

El equipo legal de Ortiz reclamó ante el juzgado que, pasados ya 400 días desde que se redactó el escrito de acusación en su contra, el proceso no había avanzado hacia la fase de juicio. Este argumento resultó determinante para que el tribunal resolviera conceder su libertad, aplicando la norma que protege los derechos de los acusados cuando la justicia se demora excesivamente en procesar sus casos. La decisión refleja nuevamente los cuestionamientos sobre la lentitud en la tramitación de casos de corrupción de alta envergadura en el país.