Un juzgado de Medellín frenó en seco lo que considera una posible vulneración de las reglas electorales por parte del presidente. El Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín aceptó una acción de tutela presentada por un ciudadano y tomó una medida provisional que ordena a Gustavo Petro abstenerse de utilizar recursos, espacios y herramientas propias de su cargo para intervenir en la actual campaña presidencial.

La orden es clara y abarca bastante territorio. El mandatario no podrá usar bienes del Estado, canales institucionales, plataformas oficiales ni escenarios asociados a la Presidencia para emitir mensajes que favorezcan o perjudiquen a candidatos en contienda. Esto incluye sus intervenciones como jefe de Estado, actos públicos y hasta su cuenta en la red social X cuando la utilice como herramienta ligada a sus funciones públicas. El juzgado consideró que estas restricciones son necesarias para "evitar posibles afectaciones a las garantías de igualdad entre los candidatos y proteger la transparencia del proceso democrático".

La medida también le prohíbe divulgar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin contar con evidencia suficiente que las respalden. El despacho judicial recordó que el Consejo de Estado ya había emitido pronunciamientos previos sobre la obligación del presidente de evitar manifestaciones que puedan interpretarse como participación política desde su investidura.

El incumplimiento de esta orden podría traer consecuencias legales por desacato. Mientras tanto, el proceso continúa su curso natural y Petro tiene un plazo de dos días para presentar sus argumentos ante el tribunal. Luego de esto, el juzgado adoptará una decisión de fondo sobre la tutela. La jueza también solicitó información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre eventuales actuaciones relacionadas con presuntas conductas de intervención política del presidente.