La polémica sobre qué hacer con los hipopótamos que vagan por Colombia llegó a los juzgados y encontró una respuesta: el sacrificio debe continuar. El Juzgado Tercero Administrativo declaró improcedentes ocho acciones de tutela que ciudadanos habían presentado para frenar el plan de control poblacional del Gobierno, que contempla la eutanasia de al menos 80 de estos animales.

La decisión judicial reconoce el dilema moral que genera esta situación. Los magistrados entendieron que quienes presentaron las tutelas buscaban genuinamente proteger a los animales. Sin embargo, el fallo pone en la balanza la realidad ambiental del país: los hipopótamos son una especie invasora, es decir, animales que al estar fuera de su hábitat natural se reproducen sin control y destruyen el equilibrio de la fauna y flora local. Ante este panorama, la protección del ecosistema pesó más que los argumentos animalistas.

El plan del Ministerio de Ambiente no será una cacería desordenada. Seguirá un protocolo técnico riguroso que comienza con la captura de los animales usando corrales cebados con frutas y melaza. Una vez acorralados, los veterinarios dispararán dardos con sedantes usando rifles neumáticos especializados, necesarios porque la piel del hipopótamo es extraordinariamente gruesa y resistente. Cuando el animal esté profundamente dormido, se le aplicarán fármacos letales. Solo si las condiciones del terreno hacen imposible la captura, expertos harán un disparo preciso al cerebro para garantizar una muerte inmediata.

Un aspecto crucial del procedimiento es el manejo de los cadáveres. Estos mamíferos son portadores de enfermedades peligrosas para los humanos: la leptospirosis, transmitida por la orina infectada y que puede dañar gravemente riñones e hígado; el ántrax, una infección bacteriana severa; y la brucelosis, que provoca fiebres altas y dolores prolongados. Por eso, el personal usará trajes impermeables y los cuerpos serán enterrados en fosas de 4 a 5 metros de profundidad o incinerados en hornos a más de 900 grados centígrados para eliminar cualquier rastro de estos patógenos.

El fallo también impone una responsabilidad adicional al Estado: debe realizar una labor pedagógica con la ciudadanía. Las autoridades tendrán que explicar públicamente, con datos científicos sólidos, por qué otras alternativas como la esterilización masiva o el traslado de hipopótamos a otros países no han sido soluciones suficientes. Es un reconocimiento de que el Gobierno no solo debe actuar, sino también convencer a una sociedad dividida entre el amor por los animales y la necesidad de proteger los ecosistemas colombianos.