En Riohacha se abrió un camino judicial para que la comunidad de La Loma exija una solución real a la falta de electricidad segura en sus viviendas. La jueza Ruby Margarita Romero Ovalle aceptó una acción popular presentada por tres ciudadanas: Sharana Torres Martínez, Beckys Paola Almazo Peñuela, Jeimis y Gisella Pertuz Quesada. Esta demanda va contra el distrito de Riohacha y la empresa Air-e S.A.S. E.S.P., obligando a ambas entidades a responder por el abandono que sufre este sector.

La problemática es concreta y preocupante. En varias manzanas del barrio, específicamente entre la calle 28A con carrera 11 bis y la calle 28B con carrera 11 bis, decenas de viviendas no tienen postes ni redes eléctricas propias. Las familias viven bajo cables improvisados que cuelgan sobre sus casas, generando riesgos constantes de accidentes. Lo más grave es que esto ha estado ocurriendo durante más de 12 años sin que nadie haya tomado cartas en el asunto de forma seria.

Las accionantes invocaron la protección de derechos colectivos que van más allá de tener solo luz en las casas. Según la demanda, la falta de infraestructura eléctrica compromete el acceso a servicios públicos básicos, la seguridad de las personas, la salubridad pública y el derecho a vivir en un ambiente sano. Se trata de un problema estructural que afecta la dignidad de las familias del sector.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Riohacha ordenó que tanto el distrito como Air-e tengan diez días para presentar sus argumentos y responder la acusación. También notificó al Procurador Judicial y al Defensor del Pueblo para que puedan intervenir si lo consideran necesario. El proceso fue identificado con el radicado 44001-33-40-003-2026-00081-00 y los trámites continuarán a través del sistema virtual SAMAI.

Vale la pena destacar que los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Guajira acompañaron todo el proceso, brindando asesoría legal a la comunidad. Gracias a su apoyo fue posible llevar el caso ante la justicia administrativa, utilizando un mecanismo específicamente diseñado para defender derechos colectivos.

Aunque la admisión de la acción no significa una decisión ya tomada sobre la culpabilidad de las entidades demandadas, sí marca el inicio formal de un trámite judicial que estudiará si realmente hubo vulneración de derechos y qué medidas deben tomarse. Los habitantes de La Loma esperan que finalmente, después de más de una década de espera, logren acceder a electricidad segura y formal en sus hogares.