La justicia ha abierto un nuevo proceso contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, y otros altos funcionarios de la institución por no haber cumplido adecuadamente una sentencia que ordenaba medidas de seguridad para el activista político Santiago Alvarán Mejía. La decisión la tomó el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Medellín, que consideró que la UNP no acató "a cabalidad" la orden emitida el 13 de marzo de 2026 y confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo de Antioquia. También fueron vinculados Nelson Rolando Russi Beltrán, director de Evaluación de Riesgo, y Miguel Ángel Quiroga Ruiz, director de Protección de la UNP.

El caso viene de tiempo atrás. Alvarán Mejía, quien trabaja como activista social independiente, ha sufrido amenazas, tentativa de homicidio, lesiones y secuestro extorsivo en territorios donde operan grupos armados ilegales. A pesar de tener una acción de tutela a su favor e incluso un primer incidente de desacato presentado ante los juzgados, el activista sigue sin contar con un esquema de seguridad plenamente asignado por la entidad estatal.

El fallo judicial indica que la UNP no valoró completamente las pruebas que presentó Alvarán Mejía ni consideró hechos de violencia que ya había denunciado antes. Más problemático aún es que la propia institución reconoció que falló en su primera evaluación de riesgo, cuando lo calificó como de "riesgo ordinario" a pesar de las amenazas documentadas. En un momento incluso intentó retirar un chaleco blindado que le había sido asignado como medida provisional, decisión que tuvo que revertir después de que Alvarán Mejía recurriera ante los juzgados.

En diálogo con La FM, Alvarán Mejía advirtió que si la UNP continúa sin cumplir la orden judicial, los funcionarios podrían enfrentar sanciones más severas. "Hay una pena privativa de la libertad que hay de por medio y se puede incrementar la sanción inicial y si la multa se puede incrementar por decisión judicial y se puede añadir mensualidad, hasta que el fallo judicial sea cumplido por la Unidad Nacional de Protección porque es un fallo constitucional", señaló.

Recientemente, la UNP realizó un nuevo análisis de seguridad al activista precisamente porque reconoció las inconsistencias en la evaluación anterior. "El análisis del riesgo que me hicieron hoy, producto a que ellos mismos aceptaron de que el análisis que me había realizado, en ese análisis habían fallado, entonces el juez no se los aceptó y dijo que yo sí necesitaba medidas de seguridad, ahí estamos en ello porque eso ha sido muy complicado", explicó Alvarán.

Aunque la UNP argumentó ante el juzgado que sí cumplió las órdenes y realizó los estudios técnicos correspondientes, el despacho judicial concluyó que el cumplimiento no fue real ni efectivo. Por eso abrió formalmente el incidente de desacato. El juez otorgó un plazo de tres días hábiles a los funcionarios para que presenten pruebas y expliquen el presunto incumplimiento, mientras reiteró con urgencia la orden de implementar inmediatamente las medidas de protección ordenadas en la tutela.