La justicia le dio un triunfo importante a Medellín en la batalla contra la corrupción. Un juez de control de garantías ratificó que el Distrito es víctima en el caso Aguas Vivas, uno de los escándalos más grandes de la administración pasada. Con esto, la ciudad podrá participar activamente en el proceso penal y exigir la reparación de los daños causados al patrimonio público.

La decisión llegó después de que los abogados del exalcalde Daniel Quintero intentaran evitar que la administración distrital fuera reconocida como víctima. Pero el juez rechazó tajantemente esos argumentos, dejando blindada la participación del municipio en todas las etapas del juicio que vendrán.

Sebastián Gómez, secretario general de Medellín, celebró el fallo y reveló un avance crucial: la Fiscalía General de la Nación ya ha presentado tres principios de oportunidad en este expediente. Estos mecanismos permiten que personas involucradas colaboren con la justicia entregando información clave sobre cómo funcionaba la red de corrupción. "Ya tenemos tres principios de oportunidad que nos permitirán avanzar con el reconocimiento de pruebas sobre este entramado de corrupción hecho entre 2020 y 2023. Con esto se espera avanzar en las etapas procesales, que nos permitirán llegar hasta la etapa de condena", explicó Gómez.

El caso Aguas Vivas gira alrededor de presuntas irregularidades cometidas con un lote estratégico ubicado en el ecoparque Las Palmas. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2023 la administración anterior habría usado maniobras ilegales para cambiar el uso del suelo de rural a urbano, beneficiando intereses particulares y alterando el ordenamiento territorial de la zona.

Pero este caso es solo una pieza del rompecabezas de investigaciones que sacuden a Medellín. El Distrito ya ha sido reconocido como víctima en otros siete procesos judicales por presuntas anomalías en entidades importantes como Ruta N, Buen Comienzo, el contrato de poda del Parque Arví y convenios con Bomberos durante la pandemia. El balance es contundente: 55 personas han sido imputadas por delitos contra la administración pública en este periodo.

La ciudad continuará presente en cada audiencia programada para proteger el dinero público de los medellinenses y garantizar que los responsables de estos escándalos enfrenten la justicia.