Un giro inesperado en el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay ha puesto sobre la mesa una de las situaciones más complejas del sistema judicial colombiano: el menor que disparó contra el entonces precandidato fue reconocido como víctima dentro del mismo proceso penal. La determinación se conoció durante las audiencias contra otros presuntos implicados en la estructura criminal que habría orquestado el ataque.

Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2025, cuando el adolescente abrió fuego contra Uribe en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Lo que parecía un caso claro de responsabilidad criminal tomó un cariz diferente cuando la investigación reveló que el joven actuaba bajo órdenes de una organización dedicada al sicariato. Según los registros judiciales, fue presionado y amenazado para ejecutar el crimen.

El adolescente intentó huir después del ataque pero fue capturado. Posteriormente confesó su participación y, durante el proceso, se estableció que había sido reclutado por integrantes de la red criminal que sistemáticamente utilizaba menores de edad para cometer homicidios. En su testimonio, el joven explicó que accedió a realizar el atentado por miedo a represalias contra su familia, argumento que resultó determinante para que su defensa solicitara su reconocimiento como víctima.

Esta condición de víctima fue revelada en el marco de las diligencias contra uno de los presuntos reclutadores, lo que generó malestar entre los familiares de Miguel Uribe, quienes ahora comparten ese mismo estatus dentro del expediente. La situación ha abierto un debate jurídico complejo sobre cómo la justicia debe tratar a menores que han sido instrumentalizados por estructuras criminales, cuestionando dónde termina la protección de niños y adolescentes y dónde comienza la responsabilidad penal por los actos cometidos.