Un tribunal del Cesar le cerró la puerta a los argumentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y confirmó que la ciudad debe proveer transporte gratis para los niños del Centro de Desarrollo Infantil Nueve de Marzo. La orden llegó después de que la entidad intentara revocar una decisión de primera instancia que ya había ordenado esta medida, pero no logró convencer a los magistrados.

Lo que pasó es que cuando trasladaron la sede del CDI, muchas familias se quedaron sin poder llegar. No es un detalle menor: hablamos de madres cabeza de hogar y trabajadores informales que no tienen dinero ni para el pasaje diario. Jorge Luis Díaz Rangel promovió la acción de tutela actuando como agente oficioso de estos menores, señalando la realidad cruda de quienes dependen completamente de estos servicios.

El tribunal reconoció que aunque el ICBF no tiene la responsabilidad legal de pagar transporte, es el municipio quien debe hacerlo. Y no es solo por cumplir: los niños que dejaron de ir están perdiendo alimentación, atención educativa y el acompañamiento integral que recibían en el centro. La deserción es la consecuencia directa de una barrera que se pudo haber previsto.

Por eso la orden es clara y con plazo: la Alcaldía de Valledupar tiene 48 horas para coordinar con el ICBF e implementar una ruta de transporte segura y gratuita, o cualquier mecanismo que cumpla el mismo propósito. Es un recordatorio de que cuando se trata de proteger el derecho a la educación de los niños más vulnerables, los tecnicismos legales no pueden ser una excusa para dejarlos atrás.