Después de más de cuarenta años pidiendo a gritos una solución, las comunidades de Bastidas, Fundadores, Chimila I y Chimila II ganaron su batalla en los juzgados. El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta emitió una sentencia el 13 de mayo de 2026 que obliga a Essmar y al Distrito a ejecutar un proyecto de ampliación y mejoramiento del alcantarillado sanitario en estos sectores populares. La jueza Liliana Patricia Rodríguez Silvera reconoció que existe una clara vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano, la salubridad pública y el acceso a servicios básicos de saneamiento.

Durante años, estos barrios del nororiente de Santa Marta se han transformado en corrientes de aguas residuales cada vez que llueve. Las calles se convierten en focos de contaminación que generan malos olores insoportables, exposición a enfermedades cutáneas, respiratorias y digestivas, y problemas graves de movilidad. La causa es una infraestructura de alcantarillado que ya cuenta con más de treinta años de antigüedad, sumado al crecimiento desordenado de la ciudad y la inexistencia de redes separadas para aguas lluvias. Durante el proceso judicial, la misma Essmar admitió que el sistema padece de "fallas estructurales y operativas relevantes" que el mantenimiento constante no ha podido resolver.

El fallo establece cronogramas precisos que no admiten demoras. Essmar y el Distrito tienen cinco meses para realizar todas las gestiones administrativas y presupuestales necesarias que permitan estructurar el proyecto. Después, disponen de cuatro meses adicionales para adelantar el proceso de contratación. Una vez asignado el contrato, cuentan con seis meses para ejecutar y ampliar el sistema de alcantarillado.

Pero la sentencia no se queda solo en órdenes. También creó un comité de vigilancia integrado por el Ministerio Público, Essmar, el Distrito, Edus, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos y los mismos ciudadanos que promovieron la acción judicial. Este grupo será responsable de monitorear que cada orden se cumpla en los tiempos fijados. Es una medida que reconoce que sin supervisión constante, estas promesas pueden quedarse otra vez en el papel.