El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó una decisión que pone en el centro un debate incómodo: los detenidos que no tienen condena condenatoria en firme tienen derecho a votar. El tribunal ordenó proteger ese derecho fundamental de las personas sindicadas recluidas en centros de detención transitoria de Huila y Casanare, luego de que la Defensoría del Pueblo presentara una tutela contra la Registraduría Nacional. La conclusión fue clara: las barreras administrativas y logísticas no pueden impedir que alguien ejerza su derecho político ni desconocer su presunción de inocencia mientras siga en proceso.

Lo que sucedió en el terreno fue más complicado. Alrededor de 286 hombres y 32 mujeres en Neiva, además de decenas más en Yopal, enfrentaron el riesgo de quedar excluidos de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Solo en la Estación de Policía de Yopal había noventa personas privadas de la libertad, y 52 de ellas pidieron directamente que les permitieran participar en los comicios. El problema no fue que alguien les dijera que no podían votar, sino que un laberinto de coordinación estatal lo hizo imposible. La Registraduría alegó que solo podía instalar mesas en cárceles administradas por el Inpec. La Policía respondió que no tenía capacidad para trasladar detenidos a los puestos de votación. Las alcaldías tienen funciones distintas en esos lugares. Nadie se responsabilizó, y los detenidos simplemente no votaron el 8 de marzo.

Según cifras de la Policía Nacional, en Colombia hay 18.177 personas privadas de la libertad sin condena ejecutoriada: la mayoría, 17.243, están en estaciones de Policía, y 934 en unidades de reacción inmediata. Todos ellos están en la misma situación: en riesgo de ver vulnerado un derecho fundamental. La Defensoría ha denunciado dilaciones del Ministerio del Interior, coordinación insuficiente entre autoridades locales y una cadena de fallas que convierte a estos detenidos en invisibles electoralmente. El Tribunal destacó la "carga desproporcionada" que representan estos obstáculos.

Aunque la orden judicial se enfocó en Neiva y Yopal —el tribunal consideró que una orden a nivel nacional comprometería la cadena de custodia y la transparencia del proceso democrático—, mandó a la Registraduría que desde ya adelante los trámites administrativos para garantizar el voto en futuras elecciones, como las territoriales de 2027. El tribunal fue categórico en su conclusión: "Las cargas administrativas y los vacíos de coordinación entre entidades no pueden trasladarse a la población sindicada ni convertirse en una restricción desproporcionada".