Después de más de una década esperando, la familia de Rosa Elvira Cely logró un triunfo judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá entregar las grabaciones de las llamadas que Rosa Elvira hizo a la línea 123 poco antes de ser asesinada en mayo de 2012. El magistrado Luis Norberto Cermeño fue quien avaló esta decisión, respondiendo así a un recurso de insistencia presentado por Adriana Piedad Arandia Cely, hermana de la víctima.

Durante años, la administración bogotana se negó a entregar esos audios, argumentando que se trataba de información confidencial protegida por reserva legal. Pero el Tribunal no compró ese argumento. Los magistrados concluyeron que la negativa de la Secretaría de Seguridad no se ajustaba a la ley, especialmente porque Adriana Piedad, como víctima indirecta, tiene derecho a acceder a esa información. El Tribunal enfatizó que el proceso penal ya concluyó hace más de 13 años, así que divulgar los audios no interfiere con ninguna investigación activa ni pone en riesgo intereses públicos.

Más allá de las razones técnicas, el fallo toca un punto fundamental: los derechos de las víctimas tienen peso. El Tribunal recordó que la reserva de información no es absoluta y debe ceder ante principios constitucionales superiores como la transparencia, la justicia y el derecho a la verdad. Por eso ordenó que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entregue a Adriana Piedad, "en el término máximo de los quince (15) días siguientes contados a partir de la notificación de la presente providencia", los CD con las grabaciones de las dos llamadas que Rosa Elvira hizo el 23 y 24 de mayo de 2012.

El fallo sí reconoce un límite: la entidad puede proteger la identidad de otras personas que participaron en esas llamadas, pudiendo "excluir el dato y la mención de los nombres de quienes interlocutaron con ella" si ellas no autorizaron compartir su información personal.

El caso de Rosa Elvira Cely sacudió a toda Colombia cuando ocurrió. En mayo de 2012, la mujer sufrió una brutal agresión sexual en el Parque Nacional de Bogotá, un crimen que despertó una ola de indignación nacional. Ese asesinato se convirtió en un hito en la lucha contra la violencia basada en género en el país. La presión ciudadana impulsó cambios en las leyes, y en 2015 se aprobó la llamada Ley Rosa Elvira Cely que, por primera vez, tipificó el feminicidio como delito en Colombia. Ahora, más de una década después, esta orden judicial permite que su familia acceda a un documento que forma parte de su derecho a saber qué pasó realmente.