La justicia volvió a ponerle un freno a los planes del Gobierno de mover millones de colombianos entre empresas promotoras de salud. Así lo confirmó Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, la asociación que agrupa a las principales EPS del país, en entrevista con La FM. El tribunal de Antioquia suspendió el traslado que afectaría a cerca de seis millones de afiliados, tres de los cuales irían hacia la Nueva EPS.

Esta es la segunda vez en poco tiempo que un alto tribunal detiene esta iniciativa del Ejecutivo. Vesga recordó que el Consejo de Estado ya se había pronunciado en contra el año anterior. "Es la segunda ocasión en que un alto tribunal se pronuncia sobre este tema. Lo hizo el año pasado el Consejo de Estado y ayer lo reitera el Tribunal de Antioquia", explicó la dirigente gremial.

Para Vesga, el punto central es que los tribunales han entendido que esto no se trata de un simple ajuste administrativo. "No es un mero cambio administrativo y operativo al sistema, sino que realmente es una transformación estructural del aseguramiento", afirmó. La decisión judicial, por ahora, deja en suspenso los traslados programados y mantiene a los usuarios en sus actuales aseguradoras.

Es importante aclarar que lo que el tribunal decidió es una medida cautelar, es decir, provisional mientras se resuelve el fondo del asunto. El Gobierno aún tiene herramientas legales para intentar defender su decreto, y Vesga anticipó que probablemente buscará nuevas formas de implementarlo. Sin embargo, la dirigente fue clara en su advertencia: "El sistema que hoy no aguanta un movimiento del tablero como está planteado" estaría en riesgo si se ejecuta esta medida.

Más allá de esta batalla judicial, Vesga también alertó sobre problemas estructurales más profundos. El sistema de salud necesita urgentemente una definición sobre su financiación. Desde el año pasado existe una orden de la Corte Constitucional para revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, el mecanismo principal mediante el cual se financia la atención. "Es un ejercicio que no concluyó de manera favorable", indicó Vesga, quien informó que la Corte citó nuevamente a las partes para abril para que el Ministerio presente sus conclusiones técnicas.

La preocupación de Acemi es concreta: ya se ven las consecuencias de la falta de claridad en la financiación. Los déficits que se anunciaron para este año comienzan a evidenciarse, y el sistema requiere "esa conclusión de manera urgente" para poder funcionar adecuadamente.