La justicia estadounidense está en la búsqueda de respuestas. Fiscales federales en Nueva York y la Agencia Antidrogas (DEA) avanzan en investigaciones preliminares sobre posibles vínculos entre grupos del narcotráfico y la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Aunque medios estadounidenses reportan estas indagaciones, las autoridades aclaran que hasta ahora no existe acusación formal ni notificación oficial en contra del mandatario colombiano.

Las pesquisas giran alrededor de dos personajes clave del crimen organizado. Por un lado está Andrés Felipe Marín, conocido como Pipe Tuluá, ex jefe de la banda La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos. Según reportes, habría declarado que fue contactado por Juan Fernando Petro, hermano del presidente, para hablar sobre posibles beneficios judiciales como la no extradición, a cambio de apoyo político o financiero. Por el otro lado está Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando, cuyo nombre aparece vinculado a informaciones sobre presunta entrega de efectivo a miembros de la campaña.

El trabajo investigativo se desarrolla por dos caminos distintos. El primero, liderado por fiscales de Manhattan y Brooklyn, busca verificar información sobre posibles aportes ilegales en lo que se ha llamado públicamente el 'Pacto de la Picota'. El segundo frente involucra a la DEA procesando información de fuentes confidenciales sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales internacionales y movimientos financieros sospechosos. En ambos casos, las autoridades estadounidenses trabajan para establecer la trazabilidad de los fondos y determinar si hubo violaciones a leyes de lavado de activos o financiación internacional, a pesar de que hay reportes indicando que los recursos habrían sido devueltos.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro ha respondido señalando que no enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos y que cualquier investigación servirá para aclarar los señalamientos. Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, ha ido más lejos, afirmando que las acusaciones carecen de sustento probatorio y rigor lógico. Lo cierto es que el sistema judicial estadounidense, en sus etapas preliminares como esta, trabaja en la recolección de pruebas para decidir si eventualmente se presenta un caso ante un Gran Jurado.