El presidente Gustavo Petro fue sancionado este lunes con una multa de 17.5 millones de pesos por incumplir una orden judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sanción después de que el mandatario se negara a retractarse públicamente y disculparse con Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud, al que había calificado como "corrupto" vinculándolo con presunto desvío de recursos del sistema de salud.

Todo comenzó cuando González Montaño interpuso una acción de tutela argumentando vulneración de sus derechos a la honra, buen nombre y debido proceso. El tribunal le dio la razón en una decisión anterior y ordenó al presidente retractarse en un plazo de cinco días contados desde la notificación del fallo del 11 de noviembre de 2025. Petro no acató la orden, lo que activó el mecanismo sancionatorio. Aunque el juzgado había impuesto una multa de 15 salarios mínimos, el tribunal la redujo a 10, equivalentes a 17.509.050 pesos para este año.

El mandatario ha mantenido firme su posición frente a la sanción. El pasado 15 de abril reafirmó su postura diciendo: "Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud". Esta declaración evidencia su disposición a mantener sus acusaciones pese a las consecuencias legales.

En paralelo, un tribunal de Bolívar suspendió temporalmente la intervención administrativa que la Superintendencia de Salud había impuesto sobre Coosalud EPS. La decisión respondió a una acción popular presentada por la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud, Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González, quienes argumentaron que "la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud".

Los datos respaldan esa preocupación. Desde que comenzó la intervención, las acciones de tutela contra Coosalud aumentaron en un 21 por ciento, pasando de 16.771 en 2024 a 20.216 en 2025. También se reportó un deterioro significativo en los indicadores financieros de la EPS, lo que sugiere que la medida interventora no ha producido los resultados esperados para mejorar la prestación del servicio.