En Cartagena, la justicia penal ha cerrado dos expedientes que hablan de traición, dolor y, por fortuna, de condenas contundentes. La Fiscalía General de la Nación logró sentencias ejemplares contra dos hombres que rompieron el pacto más sagrado del hogar: la protección de los menores. Dos jueces de conocimiento dictaron condenas de 18 y 30 años de prisión para los agresores, tras recopilar pruebas sólidas a través de la Unidad del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar.

El caso más grave involucra a un hombre de 37 años condenado a treinta años tras las rejas. Todo ocurrió el 19 de mayo de 2024 en una vivienda del barrio La Sevillana. Aprovechando los momentos en que quedaba a solas con la hija de su pareja, una pequeña de apenas 7 años, la sometió a tocamientos y acceso carnal. Lo que parecía ser un crimen en las sombras se convirtió en su perdición cuando los familiares lo sorprendieron en flagrancia durante la agresión. Su denuncia inmediata fue crucial para que hoy el responsable enfrente una de las penas más altas para este tipo de delitos.

El segundo caso es igualmente perturbador, aunque con raíces más profundas. Un hombre de 54 años fue condenado a dieciocho años de cárcel por agredir sistemáticamente a sus dos hijastras desde 2014 en el barrio Bicentenario, cuando ellas tenían apenas 10 y 12 años. La investigación de la Fiscalía expuso una maquinaria de abuso fría y calculada: primero ganó la total confianza de la madre de las menores para tener acceso irrestricto a ellas; luego les ofrecía regalos y juguetes para comprar su silencio; y cuando eso no bastaba, recurría a amenazas de muerte directas si hablaban.

En ambos procesos, los acusados fueron hallados culpables de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, con el agravante de la edad de las víctimas y el parentesco o posición de custodia del agresor. Aunque estos fallos representan un paso histórico para la protección de la infancia en Bolívar, la Fiscalía recordó que aún proceden los recursos de ley por parte de las defensas, por lo que estas decisiones de primera instancia pueden ser apeladas.

Detrás de estas sentencias están las historias de dos niñas y una adolescente que encontraron el valor para hablar, o que fueron protegidas por quienes las amaban. Sus voces fracturaron el silencio que los agresores intentaban imponer, demostrando que la justicia, aunque tarde, puede llegar. La comunidad cartagenera ha visto cómo la ley responde cuando se denuncia el abuso.